Falta de información documental, impedimento para tener conclusiones del caso Tlatlaya

La falta de información documental por parte de las instituciones a las que se les ha solicitado formalmente es el principal impedimento para presentar elementos conclusivos sobre el caso Tlatlaya, afirmó el grupo de trabajo legislativo que coadyuva en la investigación del tema.

Mediante un informe preliminar, difundido por la bancada del PRD, el grupo de trabajo dio a conocer que se mantendrá a la espera de que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Procuraduría General de la República (PGR) concluyan con la integración de la información que se les solicitó, para, una vez analizada, llegar a conclusiones preliminares sobre el asunto.

Agrega que buscarán reunirse con víctimas del caso, representantes del gobierno del Estado de México, el presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Jaime Rochín del Rincón y organizaciones de la sociedad civil, con el propósito de reunir mayor información sobre el caso.



El grupo de trabajo se constituyó el pasado 14 de octubre, con el fin de coadyuvar con las autoridades competentes en la investigación del enfrentamiento armado entre elementos del Ejército e integrantes del crimen organizado, con un saldo de 22 civiles muertos, en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014.

En el informe, el grupo de trabajo enumera 28 puntos de avance en el esclarecimiento del caso, los cuales derivan de la información vertida de forma verbal por los representantes de diversas instituciones con los cuales se reunieron, entre el 5 de noviembre y el 16 de diciembre de 2014.

Comenta que los integrantes del grupo de trabajo, coordinados por la diputada federal Elena Tapia Fonllem, se reunieron con representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) y diversos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).



Asimismo, con el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, con la subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón García, y el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.

En los avances, el grupo trabajo destaca que respecto al enfrentamiento en Tlatlaya, “existe consenso de que hubo un uso ilegal, excesivo, desproporcionado de la fuerza y sin los instrumentos de grabación por parte de los elementos militares, en contravención al Manual del Uso de la Fuerza, de aplicación común a las Tres Fuerzas Armadas”.

Agregó que las acciones letales por parte del Ejército “se pueden definir como ejecución extrajudicial en el ámbito de la violación de derechos humanos y como homicidio calificado en el ámbito penal”.



Subraya que “el mayor impedimento para determinar las circunstancias de los homicidios se encuentra en la alteración de vestigios y del lugar de los delitos por parte de elementos militares y, presumiblemente, de funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México.”

Considera también que, la aceptación de la recomendación 21/2014 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por parte de la PGR, la Sedena y el Gobierno del Estado de México, “significa que el Estado reconoce la presencia de actos de tortura, intimidación y alteración de la escena del crimen cometidos por elementos de la Procuraduría de Justicia del Estado de México”.

“Existe coincidencia en este Grupo de que las acciones de las autoridades en cuanto a investigación, sanción, reparación y prevención, derivadas de los señalamientos de la CNDH y de (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos) OACNUDH, en el ámbito de sus respectivos mandatos, implican que el Estado asume la responsabilidad de los hechos”, añade.



Indica que “el caso Tlatlaya es grave y paradigmático, que revela ciertos patrones de violaciones a derechos humanos que deben atenderse para su erradicación”.

Último, asevera que el esclarecimiento de los hechos debe tener como consecuencia necesaria acciones por parte del Estado en su conjunto para la prevención, investigación, sanción y no repetición de las conductas violatorias de los derechos humanos.