Faltan docentes que atiendan educación especial a discapacitados visuales: Activista

El Gobierno Federal está fallando en el reconocimiento de los derechos humanos de las personas con discapacidad visual, tan es así que pretende eliminar la Educación Especial, sostuvo la Coordinadora Nacional de la Subregión México del Consejo Internacional para la Educación de las Personas con Discapacidad Visual (ICEVI), Cristal Vargas.

Dijo que la Federación está desconociendo la Educación Especial, “se está pensando en desaparecer y esto no puede ser porque los profesores regulares no reciben esa formación; por lo tanto, no puede desaparecer porque es la base de la educación inclusiva”.

En entrevista, lamentó que se esté ignorando esta parte de la educación a pesar de su importancia como es la instrucción inclusiva de niños y jóvenes.



Expresó que en Veracruz y en general en todo México ha habido avances en materia de equipamiento y claro ejemplo de ellos son las instalaciones del CRISVER, pero consideró que se ha relegado la que corresponde a la capacitación del recurso humano, es decir de quienes atienden a este grupo de la población.

“Tenemos que seguir luchando y trabajando y no nada más en que se equipe a las escuelas, porque la SEP sí invierte en material didáctico para personas con discapacidad visual; pero faltan docentes”, aseveró.

Acotó que además de este reconocimiento de los derechos, también hay un problema severo de implementación de políticas públicas e infraestructura que requieren las personas con ceguera.



“Necesitamos que el Gobierno Federal trabaje alineado a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad Visual. Hemos conseguido muchas cosas a lo largo de varias décadas, principalmente de los derechos humanos de las personas con discapacidad visual, entre ellos la educación igualitaria e inclusiva, lo cual ha sido decretado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)”, destacó.

Cristal Vargas afirmó que se necesita abrir puertas y seguir trabajando con la sociedad civil para convencer a las autoridades de que no se pierda el reconocimiento a los derechos ganados.