Un Juez federal resolvió que el fiscal general de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, no puede “bloquear” a periodistas en su cuenta de Twitter.
De acuerdo con la organización
Artículo 19, la autoridad jurisdiccional otorgó un amparo a un reportero; señalando que dicho bloqueo por parte del funcionario público constituye un acto de autoridad que atenta contra los derechos humanos a la libertad de expresión y acceso a la información del comunicador.
Por lo tanto, el Juez Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz ordenó a Winckler Ortiz desbloquear al periodista en dicha red social.
El amparo y protección de la justicia federal fue otorgado al periodista Miguel León Carmona en contra del bloqueo realizado por el fiscal Jorge Winckler, quien ha acusado a medios de “no investigar, no preguntar ni confirmar”; aunque en conferencias de prensa no atiende cuestionamientos y en sus redes sociales bloquea a reporteros.
El juicio de amparo 1249/2017 fue iniciado en octubre de 2017 por parte del reportero, quien fue acompañado y representado por
Artículo 19 en conjunto con la abogada Adriana Fuentes, quien colabora para la organización
Equifonía, Colectivo por la Ciudadanía, Autonomía y Libertad de las Mujeres, A.C.
Para
Artículo 19 poder acceder a información de interés público en posesión del titular del organismo autónomo encargado de garantizar el acceso a la justicia y a la verdad, es trascendental. Asimismo, la organización expresó que tiene conocimiento de que la cuenta del periodista Miguel León no ha sido la única bloqueada por el Fiscal de Veracruz.
También lo han sido cuentas de Twitter de otras y otros periodistas, medios informativos; así como de colectivos en busca de personas desaparecidas e incluso integrantes de esta organización.
“Por ello, instamos al fiscal general, Jorge Winckler, a garantizar canales abiertos de diálogo con personas defensoras de derechos humanos y periodistas; además de promover y garantizar el derecho a la información de la población”.
Finalmente,
Artículo 19 planteó que resulta preocupante constatar que las autoridades buscan cerrar los canales de intercambio de ideas y sean tan poco tolerantes ante la crítica en su calidad de funcionarios públicos, al grado que se deba acudir a las vías judiciales para la defensa de la libertad de expresión de las y los periodistas.
“En condiciones democráticas, esto no debería ser necesario”.
