Gobierno de Nahle no actúa contra “actores intelectuales” de corrupción en UPAV, advierten

Docentes y directivos de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) señalaron que, pese a las detenciones y procesos legales derivados de denuncias por irregularidades administrativas y financieras, “hasta la fecha no se ha alcanzado a los actores intelectuales y responsables de mayor nivel”, situación que, afirmaron, mantiene un clima de “incertidumbre, vulnerabilidad laboral y riesgo de represalias” dentro de la institución.

El señalamiento forma parte de un escrito dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en el que integrantes de la comunidad docente y directiva exponen la situación institucional de la Universidad y solicitan respaldo laboral para quienes, dicen, han sostenido la operación académica en medio de los procesos legales.

En el documento, los firmantes indican que el propósito del escrito es “poner en su conocimiento una situación que hasta este momento no ha sido expuesta de manera directa ante su alta responsabilidad”, al considerar que se trata de un asunto con impacto en la estabilidad educativa y laboral de la institución. Como parte del contexto, los remitentes describen a la UPAV como un modelo educativo “de inspiración vasconcelista”, creado hace más de dos décadas con el objetivo de llevar educación media superior y superior a regiones del estado donde, señalan, históricamente no existían opciones educativas por razones geográficas y de dispersión poblacional.



De acuerdo con el escrito, la universidad tiene presencia en los 212 municipios de Veracruz y ofrece estudios desde bachillerato hasta educación superior. Los docentes y directivos sostienen que este alcance territorial ha permitido atender una matrícula amplia y operar como un mecanismo de movilidad educativa. Añaden que la UPAV no recibe subsidio estatal y que funciona bajo un esquema autónomo y autosustentable, sostenido, afirman, por el esfuerzo institucional y el trabajo de su comunidad académica y directiva.

En el apartado sobre las irregularidades, los firmantes refieren que en años recientes la universidad fue objeto de decisiones administrativas y financieras que derivaron en “denuncias formales ante las instancias competentes”. Señalan que esas denuncias ya produjeron detenciones y procesos legales, lo que, aseguran, confirma que los señalamientos de la comunidad universitaria tenían sustento.

Sin embargo, advierten que los procedimientos no han alcanzado a quienes consideran responsables de mayor jerarquía. “Hasta la fecha no se ha alcanzado a los actores intelectuales y responsables de mayor nivel”, exponen, y añaden que esa situación ha generado un entorno de incertidumbre para el personal docente y directivo. El documento también alude a un decreto emitido el pasado 12 de enero, mediante el cual, señalan, se aseguraron los recursos financieros para la operación de la UPAV. Los firmantes reconocen esa medida como un avance en materia administrativa.



No obstante, sostienen que el decreto no incluye garantías laborales para docentes y directores. En particular, afirman que quedaron fuera aspectos como salarios, permanencia, antigüedad y seguridad integral, lo que mantiene sin certeza a quienes laboran en la institución. A partir de ese diagnóstico, los docentes y directivos solicitan la intervención de la Presidencia de la República para que se atienda la situación laboral de la comunidad universitaria y se establezcan condiciones que, dicen, permitan continuar con la operación académica sin riesgos de represalias.