Gobierno de Veracruz deberá revelar información sobre apoyos por COVID-19

El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) ordenó al Organismo Público Local Electoral (OPLE) solicitar al gobernador Cuitláhuac García Jiménez y al Congreso del Estado información relacionada con la entrega en abril de 2020 de insumos alimentarios y ambulancias por parte de estos y legisladores federales, respectivamente, en apoyo a las personas afectadas por la pandemia por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).

Lo anterior, para substanciar el procedimiento espacial sancionador interpuesto por los Partidos de la Revolución Democrática (PRD), Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), en mayo de 2020, en contra del Mandatario estatal, la ahora exdirectora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Estatal), Rebeca Quintanar Barceló y otros funcionarios de esta dependencia; y los diputados locales Rubén Ríos Uribe, Adriana Esther Martínez Sánchez, Deisy Juan Antonio y Ana Miriam Ferráez Centeno y el diputado federal, Rodrigo Calderón Salas.

Y es que luego de la circular emitida el 16 de abril de 2020 por la entonces titular del DIF Estatal, en la que señaló que por instrucciones de García Jiménez se “solicitaba su apoyo para la distribución de los insumos de los programas de asistencia alimentaria a la población vulnerable dentro de su distrito adscrito”, dichas toldas políticas presentaron el recurso ante el OPLE, mismo que posterior a la determinación sobre las medidas cautelares solicitadas, lo remitió al TEV para su análisis de fondo y posterior resolución, lo cual no ha ocurrido.



Para el PRD, PRI y PAN, la difusión de propaganda gubernamental con indebida promoción personalizada de los servidores públicos denunciados, con recursos que no se encontraban bajo su responsabilidad, así como la difusión en redes sociales de la distribución de insumos alimentarios y ambulancias; buscaba posicionar su nombre e imagen ante los potentes electores de cara a las elecciones que se celebrarán este año.

De esta manera, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), Claudia Díaz Tablada, en su calidad de instructora del asunto, ordenó al OPLE requerir al Gobernador del Estado información relativa a dicha circular en la que supuestamente él ordenaba que los diputados denunciados colaboraran con la entrega de los vehículos de emergencia y enseres.

Toda vez que la Secretaría Ejecutiva del ente comicial hizo el requerimiento a la Secretaría de Gobierno, siendo que el Ejecutivo era el directamente señalado de instruir dichos actos presumiblemente contrarios a la ley.



“En esta tesitura se considera que, conforme a lo establecido en los escritos de queja presentados por los denunciantes y la circular referida en la que se hace referencia directamente al ciudadano Cuitláhuac García Jiménez, gobernador del Estado, se considera que el OPLEV debió hacer un requerimiento directamente al sujeto denunciado y no a la Secretaría de Gobierno”, precisa Díaz Tablada en el acuerdo de fecha 7 de abril.

En este documento, se añade que el área del órgano electoral tampoco solicitó directamente a los legisladores que proporcionaran información respecto a los hechos denunciados, además no les pidió que proporcionaran la circular DG/OC/015/2020 firmada por Quintanar Barceló.

“Asimismo, se debe requerir que informen lo conducente respecto a las pruebas técnicas aportadas por los denunciantes en los escritos de quejas relacionados con la entrega de unidades de transporte de heridos, enfermos o personas con discapacidad (ambulancias y/o autobuses), por parte de los Diputados denunciados”, precisa la Magistrada.



Esta petición, añade, obedece a que la Secretaría de Salud de Veracruz, el 23 de septiembre de 2020, informó que dichas ambulancias no fueron entregadas en ningún momento a Diputados ni a terceros ajenos a dicha institución, ni para su traslado ni para entregar a los hospitales.

En el acuerdo, la togada evidencia que el OPLE tampoco requirió al DIF que aclarara el motivo por el cual diversos diputados habían formado parte de la entrega de las unidades de transporte, el 7 de abril de 2020.

Adicionalmente, revela que la subdirectora de Servicios Jurídicos del Congreso del Estado de Veracruz, Georgina Maribel Chuy Díaz, fue la que dio contestación a los requerimientos hechos al diputado Rubén Ríos Uribe y sus demás homólogos denunciados, siendo que ella ejerce la representación jurídica del Legislativo y no la de los parlamentarios en lo personal.



“Por lo que se deberá requerir nuevamente al diputado Rubén Ríos Uribe, así como a los demás denunciados a efecto de que den contestación al requerimiento personalmente o a través de su apoderado legal”, puntualiza Claudia Díaz Tablada.