Gobierno del Estado adeuda 750 mil pesos a familia que vendió edificio a sindicato azucarero

La señora Olivia Castro García y su abogado, Pablo Solano Alba, están a la espera de que el Gobierno del Estado cubra un adeudo de 750 mil pesos que sería el finiquito por la compra de un edificio que ella le vendió a integrantes de un sindicato azucarero, ubicado en la calle de Guerrero, números150 y 152 de la zona Centro de Xalapa.

Una vez que realizaron el trato con representantes del sindicato azucarero, bajo el mando de Enrique Ramos Rodríguez, jamás recibieron un pago por el costo del edificio, que ascendía a poco más de seis millones de pesos.

Debido a la falta de pago, presentaron una demanda y la ganaron, obteniendo el derecho de desalojar el edificio en enero de 2012. Para ello fueron acompañados por actuarios y por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública.

Sin embargo, en el momento en que estaban sacando muebles y desalojando el edificio, decenas de trabajadores del sindicato azucarero, armados de palos u otros objetos, llegaron a evitar el desalojo y volvieron a meter las cosas.

Para que el asunto no se tornara más tenso, el padre de Olivia, Julio Castro, recibió la visita de un enviado de Gobierno, a fin de que se resolviera el asunto; el encargado de llegar a un arreglo con el señor Castro y su abogado fue el entonces subsecretario de Gobierno, Erik Lagos Hernández, que había recibido la instrucción de atenderlos por parte del secretario de Gobierno, Gerardo Buganza Salmerón.

En una extensa reunión, Erik Lagos Hernández puso sobre la mesa el ofrecimiento de que

el gobiernosólo se les pagaría 3 millones de pesos. Un millón en ese momento y pagos diferidos (no especificaba cuánto y de qué forma).

El abogado Pablo Solano Alba comentó que no era posible recibirles ese pago porque apenas cubría la mitad del valor del edificio. Sin embargo, a fin de no pelear, les hicieron una oferta para pagarles 4 millones de pesos, con un pago adelantado de un millón de pesos y cuatro pagos diferidos de 750 mil pesos.

Sólo que el Gobierno del Estado, con todos sus problemas de dinero apenas sí pudo ir sacando uno que otro pago,

pactado para el mes de marzo de 2012,al grado que quedó pendiente el último, por un monto de 750 mil pesos.

Como el Gobierno no respondió, el abogado y la familia presentaron una demanda. El juez Javier Castellanos Chargoy emitió su sentencia el 11 de diciembre de 2014, ordenando al Gobierno del Estado a cubrir el último pago de 750 mil pesos, más intereses y los gastos del abogado, que representaría un pago cercano a los 200 mil pesos.

No obstante, el Gobierno del Estado no ha pagado y el tiempo continúa pasando, por lo cual, la familia Castro considera que entró en desacato pese a que un juez ordena que liquiden ese recurso.



Pablo Solano Alba, abogado de la familia lamenta que todo esté ocurriendo, y la negativa expresa del gobierno a pagar,se debe al desvío de recursos públicos para fines distintos, así como al manejo financiero deficiente del gobierno que lo ha colocado en el más grande deudor moroso de todos los tiempos, inclusive violentando la ley, pues es su obligación cubrir el pago adeudado ya que la familia no solo estuvo en riesgo de ser lesionada por integrantes del sindicato azucarero, sino que sus dirigentes no pagaron, razón por la que fue el gobierno del estado el que se comprometió a pagar: “Pero no pagaron en el tiempo en que se signó el convenio,sino que lo han hecho cuando ellos han querido, a cuentagotas”.