INAMI, PF y SSP yunista agredieron a 130 migrantes en 2018, señala CNDH

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una nueva recomendación al gobierno de Cuitláhuac García Jiménez por agresiones de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) contra migrantes indocumentados registradas en 2018, es decir durante la recta final del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares.

De acuerdo con la recomendación 78/2019, publicada este martes, aproximadamente a las 11:30 horas del 9 de septiembre de 2018, personal del Instituto Nacional de Migración (INAMI) efectuó, con la colaboración de elementos de la PF y de Seguridad Pública Veracruz, el operativo “Contención de Flujos Migratorios” en “Los Tigres”.

No obstante, derivado de ese operativo migratorio, el 13 de septiembre el organismo recibió

las quejas de 98 personas en contexto de migración, quienes denunciaron diversas agresiones de los funcionarios y elementos federales, así como estatales, en contra de 130 migrantes en total.

Tras la investigación se acreditó que un servidor público, responsable de elementos de la Policía Federal, y 3 mandos de policías de la Secretaría de Seguridad Pública, vulneraron el derecho a la seguridad jurídica de 24 personas, al permitir que se realizaran labores de supervisión migratoria y las detuvieran sin tener facultades para ello.

Además, 4 servidores públicos del INAMI vulneraron el derecho a la seguridad jurídica de 63 migrantes al no cumplir con el procedimiento administrativo migratorio.



También 8 personas servidoras públicas del Instituto, Policía Federal y SSP de Veracruz, vulneraron el derecho a la integridad personal de 10 víctimas al no supervisar las acciones de elementos que participaron en el operativo, quienes lesionaron a las víctimas durante este.

La agresión

Las víctimas relataron que a las 11:30 horas del citado 9 de septiembre viajaban a bordo de un ferrocarril de la compañía “Ferrosur”, cuando a la altura de Los Tigres escucharon disparos de arma de fuego y al percatarse que en el lugar se encontraban agentes del INAMI, de la PF y de Seguridad Pública Veracruz.



Los elementos también les arrojaron piedras y lesionaron a algunos de ellos, y por temor algunos migrantes tuvieron que “tirarse” del tren en movimiento y “comenzaron a correr”, lo que ocasionó que algunos resultaran lesionados.

También expresaron que agentes del INAMI de la PF y de Seguridad Pública Veracruz los maltrataron y jalaron de diversas partes del cuerpo a los que permanecieron en el ferrocarril, cuando éste se detuvo, para finalmente bajarlos y asegurarlos.

La CNDH inició el expediente CNDH/5/2018/6792/Q, y para documentar las violaciones a derechos humanos se solicitó información al INAMI, a la PF y a Seguridad Pública Veracruz, y en colaboración a la FGR y a la Fiscalía de Veracruz.



La Comisión señala que de octubre de 2018 a abril de 2019 se presentó el fenómeno conocido como “caravanas migrantes” en las que grandes contingentes de indocumentados se desplazaron por las principales carreteras del país, no obstante se registraron abusos policiales como el de Juan Rodríguez Clara.

La CNDH señaló que la PF también permitió y ordenó que los policías que iban bajo su supervisión detuvieran a personas migrantes, sin estar facultados para ello, pues es una atribución únicamente del Instituto Nacional de Migración.

El operativo agravió a 130 personas en contexto de migración y el 3 de octubre de 2018, la Fiscalía de Veracruz, por razón de competencia, remitió la Carpeta de Investigación a la entonces Fiscalía General de la República, dependencia que radicó la Carpeta de Investigación que actualmente se encuentra en integración.

Recomendación



Sin embargo, la Comisión recomendó al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y al Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, localizar a 12 víctimas para brindarles atención médica adecuada por las lesiones sufridas, hasta su recuperación física, y se les inscriba en el Registro Nacional de Víctimas.

Entre otras medidas, de igual forma se le encomienda especialmente al Comisionado del INM diseñar y aplicar un protocolo de actuación en revisiones migratorias en sitios que se considere que las personas en contexto de migración están en situación especial de vulnerabilidad o que su integridad física esté en riesgo.