Iniciaría juicio oral de extitular de Seguridad Pública; falta fecha por recurso de amparo

Este lunes concluyó la audiencia intermedia por el proceso legal que enfrenta Arturo Bermúdez Zurita, por los delitos de abuso de autoridad y tráfico de influencias; sin que se fijara una fecha para el arranque de la audiencia de enjuiciamiento oral, dada la promoción de un juicio de amparo por parte de la defensa del extitular de Seguridad Pública, cuya resolución aún se desconoce.

Al concluir este momento procesal, en audiencia celebrada en el Distrito Judicial Xalapa, la jueza de control, Estrella Iglesias, emitió el auto de apertura a juicio oral, aunque no hay una fecha para darle arranque.

La titular de este órgano determinó hacer una modificación en torno de lo resuelto previamente, después de que se admitieran ocho pruebas más por parte de la defensa.



Se estableció también que sea una sola audiencia posterior para los tres acusados, es decir, para Arturo Bermúdez, Roberto Esquivel Hernández y Alejandro Contreras Uscanga.

Se recordó que el extitular de la SSP benefició de manera irregular a Roberto Esquivel, socio de Bermúdez, de sus hermanos y su esposa, con la celebración de contratos por el suministro de alimentos, víveres y desechables; hecho que obra en una de las pruebas documentales que establecen el pago de mil 890 facturas.

Como pruebas también se señala que, en conjunto con el entonces jefe de la Unidad Administrativa de la SSP, Alejandro Contreras Uscanga, le entregaron el contrato SSP/UA/016/2016 para proveer de víveres y desechables a través de la empresa Guardias Empresariales en Seguridad Privada S.A. de C.V.



La Fiscalía sostiene que la empresa es propiedad de Roberto Esquivel Hernández y Carolina Bermúdez Zurita, socio y hermana del imputado, así como de la cónyuge del exsecretario, Sofía Lizbeth Mendoza Hernández.

De acuerdo con la FGE, tanto Bermúdez Zurita como Contreras Uscanga acordaron firmar el contrato con la empresa en cuestión, sin haber hecho del conocimiento del Subcomité de Adquisiciones la relación que tenía con las personas mencionadas.

Es decir, los exfuncionarios se aprovecharon de sus cargos para conceder el contrato por un monto de 2 millones de pesos, violentando la Ley de Adquisiciones del Estado, que establece que no pueden otorgarse contratos a allegados o familiares.



De igual manera, se habría violado el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades, de los Servidores Públicos de la entidad.

Bermúdez Zurita sería entonces autor intelectual en el delito de abuso de autoridad y material, en el delito de tráfico de influencias.

Se recordó también que Roberto Esquivel interpuso una demanda por el pago pendiente de parte del Gobierno del Estado, lo que se intenta comprobar con la documental de mil 890 facturas, cuyo monto total de pasivo es de 15 millones 521 mil 451 pesos.



Los medios probatorios incluyen también actas constitutivas de las mismas, actas de nacimiento de padres, hermanos y la esposa del exfuncionario.

Asimismo, los testimoniales de María Guadalupe Zurita García, madre de Bermúdez; su esposa Sofía Lizbeth Mendoza Hernández, sus hermanos Carolina, Jesús Gabriel y Miguel Ángel Bermúdez Zurita.

Igualmente, la FGE cuenta con dictámenes, oficios y tarjetas informativas referentes a la sesión del Comité de Adquisiciones, sus determinaciones y demás; referentes a la celebración del contrato con la empresa de Esquivel Hernández.



A la par, se solicita la comparecencia de María Yolanda Rebolledo Domínguez, por haber tenido el encargo de hacer transferencias por 450 mil pesos, 550 mil pesos, 400 mil pesos y 600 mil pesos en distintas instituciones bancarias, a la cuenta de Esquivel Hernández.