Instan a Comité Ciudadano del SEA a garantizar la ética en el ejercicio público

Las autoridades de Veracruz y los ciudadanos deben coadyuvar para revertir el gravísimo daño que se le hizo a las instituciones y a la moral pública, dijo José Manuel Pozos Castro, diputado presidente del Congreso del Estado.

A dos días del relevo de la Presidencia del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, conminó a que ese organismo sea garante de la regeneración moral y ética del ejercicio del servicio público.

Hoy en día, añadió, se requiere de servidores públicos austeros, honestos, transparentes, incluyentes, respetuosos y sensibles a las necesidades de los más débiles y vulnerables.



Expuso que el SEA nació para prevenir, investigar y sancionar las faltas administrativas y los hechos de corrupción.

En ese sentido, agregó que no se puede negar que durante muchos años, en Veracruz muchos funcionarios y autoridades públicas abusaron del poder y de su influencia para hacer mal uso intencionado de los recursos públicos.

“Anticipaban sus intereses personales y el de sus grupos para conseguir ventajas ilegítimas, por lo que esa corrupción fue convertida en prácticas administrativas cotidianas y fue la característica más destructiva y perniciosa del sistema neoliberal y que ahora es parte de la historia negra de México”, refirió.



Recordó que el Comité de Participación Ciudadana es la instancia de vinculación con las organizaciones sociales y académicas relacionadas con las materias del Sistema Estatal.

De acuerdo a la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, el Comité de Participación Ciudadana estará integrado por cinco ciudadanos de probidad y prestigio que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción.

Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana no podrán ocupar, durante el tiempo de su gestión, un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, en los gobiernos federal, local o municipal, ni cualquier otro empleo que les impida el libre ejercicio de los servicios que prestarán al Comité de Participación Ciudadana y a la Comisión Ejecutiva.



Durarán en su encargo cinco años, sin posibilidad de reelección y serán renovados de manera escalonada, y sólo podrán ser removidos por alguna de las causas establecidas en la normatividad relativa a los actos de particulares vinculados con faltas administrativas graves.