Involucran a funcionarias en desaparición del cuerpo de Gemma Mávil, asesinada en 2011

La Fiscalía General del Estado (FGE) pretende imputar el delito de incumplimiento de un deber legal y abuso de autoridad a dos funcionarias, identificadas como Patricia “N” y Susan “N”; una al servicio público del Estado y la otra federal, a quienes se les señala por no haber cumplido debidamente con la cadena de custodia en el procedimiento de inhumación de tres cuerpos, entre éstos el de Gemma Mávil, desaparecida y asesinada en el año 2011, mismos que hasta ahora no han podido ser localizados.

“Son las responsables de haber inhumado el cuerpo de mi hija”, afirmó de manera categórica Pedro Mávil, víctima indirecta del caso, tras la audiencia realizada en Pacho Viejo.



El padre de Gemma recordó que la información que le entregó la Fiscalía de Veracruz, entonces a cargo de Luis Ángel Bravo Contreras, es que los restos de su hija habían sido hallados desde 2011 —meses después de su desaparición—, por lo que se habrían enviado a la fosa común del panteón de Palo Verde.

Sin embargo, luego de tres exhumaciones en el panteón de Xalapa, en ninguna de ellas se encontraron restos pertenecientes a alguna persona del género femenino; por lo tanto, su hija no se encontraba en dicha fosa.

“No encontramos más que dos bolsas con restos óseos que de acuerdo el peritaje forense, corresponden a dos personas del género masculino.



“De ahí la necesidad de realmente buscar la verdad hasta donde me sea posible, porque necesito que el Gobierno me entregue los restos de mi hija para cerrar con este duelo”, dijo.

Según Mávil, la probable responsabilidad de ambas funcionarias es que “hubo ocultamiento de información a modo, por negligencia de la institución, porque no cumplieron con la obligación de subirla a la base de datos. Si la hubieran subido, nosotros sabríamos que era el cuerpo de nuestra hija”.



Acotó que las funcionarias fungieron en su momento en los cargos de Oficial Secretario y Perito Forense de la Fiscalía, en ese entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), quienes tuvieron a su responsabilidad la cadena de custodia para inhumar los tres cuerpos, como lo establecen los protocolos internacionales.

“Necesito que el Gobierno me entregue los restos de mi niña y cerrar con este ciclo de duelo que nos está matando lentamente a toda la familia”, dijo Mávil.