Joseline denuncia vivir presunta violencia vicaria, en Xalapa

Joseline Sánchez Maldonado denunció ser víctima de violencia vicaria, luego de que el pasado 19 de diciembre de 2025 su expareja sustrajera a su hija de un año de edad y, desde entonces, le negara de manera sistemática la convivencia familiar que le corresponde conforme a la ley.

La denunciante señaló que, a pesar de existir disposiciones legales que garantizan el derecho de convivencia, el padre de la menor ha impedido cualquier contacto con la niña, incurriendo además en conductas de violencia psicológica y amenazas con el objetivo de forzarla a retomar la relación de pareja.

Expuso que en contra del presunto agresor existen denuncias previas por violencia de género, incumplimiento de pensión alimentaria, fraude y ahora violencia vicaria, sin que hasta el momento se haya restituido el derecho de convivencia ni se haya garantizado la protección integral de la menor.



Detalló que el hombre utiliza a la niña como medio de presión emocional, publicando imágenes parciales de la menor en redes sociales, como fotografías de espaldas o de sus pies, con la intención de provocarle daño emocional y obligarla a regresar al vínculo que decidió terminar. Sánchez Maldonado indicó que el agresor le ha exigido volver a su domicilio, pese a que ella ha manifestado de manera clara y reiterada su negativa, manteniéndose al margen por razones de seguridad personal.

Acusó además la intervención de Patricia Arenas Granadillo, funcionaria del Poder Judicial, quien encabezó la diligencia de depósito de la menor, sin considerar el riesgo que dicha medida representaba para la niña. Señaló que fue el 21 de octubre cuando se realizó dicha actuación, la cual —aseguró— se sustentó en información falsa. “Ella fue la que actuó el 21 de octubre para hacer la diligencia del depósito de la menor sin realmente cerciorarse de que existía un riesgo para la menor, lo hizo fundada en falsedades y mentiras”, expresó.

Añadió que este patrón de violencia ha prevalecido desde julio de 2025, fecha en la que ocurrió la separación, periodo durante el cual también ha denunciado la inacción y falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades judiciales. Precisó que los actos de violencia vicaria se han repetido en distintos momentos, específicamente en julio, octubre y diciembre, fechas en las que se le volvió a negar la convivencia con su hija, prolongando una situación que vulnera tanto sus derechos como los de la menor.