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Sección: Estado de Veracruz

Juez niega amparo solicitado por Pablo Anaya contra orden de aprehensión

- El exfuncionario duartista, fue Secretario de Salud en los primeros tres años de esa administración

- Al igual que Nemi Dib recurrió a la protección de justicia federal ante cualquier orden de aprehensión que pudiera ser liberada en su contra

Rafael Mel?ndez Ter?n Xalapa, Ver. 06/07/2017

alcalorpolitico.com

El exfuncionario duartista Pablo Anaya Rivera, quien fungiera como secretario de Salud en los primeros tres años de esa administración, también solicitó un amparo en contra de cualquier orden de aprehensión que pudiera ser liberada en su contra.

Al igual que Juan Antonio Nemi Dib, quien lo sustituyó en el cargo, recurrió a la protección de la justicia federal.

Presentó su solicitud ante el juzgado décimo Octavo de Distrito, con residencia en Xalapa, en contra de una orden de aprehensión de jueces de Control del Décimo Primer Distrito Judicial, con sede en Pacho Viejo.



Anaya Rivera, quien participara como aspirante a la alcaldía de Poza Rica por el partido Movimiento Ciudadano y conocido por el video en donde varios funcionarios analizan la forma de captar votos de la ciudadanía a través de programas sociales federales, fue secretario de salud del 1 de diciembre de 2010, es decir, desde el inicio de la administración de Javier Duarte de Ochoa, hasta el 7 de marzo de 2013.

De acuerdo a la lista de acuerdos, está solicitud fue aceptada con número 650/2017, pero se le negó la suspensión en contra de la orden de aprehensión.



Hay que recordar que la Secretaría de Salud Federal presentó 18 denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) entre enero y febrero de este año por la no comprobación del ejercicio del presupuesto y el probable desvío de recursos del Seguro Popular.

Además, el pasado martes fue detenido y sujeto a proceso con prisión de un año el empresario propietario de Gran Marca Proyectos, César Augusto Morando Turrent, por el delito de fraude en contra del erario del Gobierno del Estado, por un monto superior a los 72 millones de pesos.