Los amparos promovidos por los académicos Jorge Manzo Denes y Marisol Luna Leal contra la prórroga concedida al rector de la Universidad Veracruzana (UV), Martín Aguilar Sánchez, fueron desechados por la justicia federal.
Cabe recordar que ambos académicos han reiterado su intención de participar en el proceso por la Rectoría, pese a que la Junta de Gobierno evaluó la gestión de Aguilar Sánchez y determinó ampliar su periodo por cuatro años más.
En el caso de Manzo Denes, el Juzgado Décimo Octavo de Distrito resolvió que los actos reclamados por el académico son considerados “futuros de realización incierta” y no generan afectación real, personal y directa en su esfera jurídica. “El juicio de amparo no tiene efectos preventivos o especulativos, sino de reparación”, se lee en la resolución.
El promovente había señalado como actos reclamados la “ilegal solicitud e inminente ilegal concesión de una prórroga” para el actual Rector y la “negativa de iniciar el procedimiento de convocatoria y auscultación pública”. Sin embargo, el juez concluyó que “no trae como consecuencia que la solicitud de prórroga sea aceptada”, por lo que no existe una afectación actual que justifique el juicio de amparo.
Además, el juez indicó que Manzo Denes no acreditó su interés jurídico, al señalar que “aún en el caso de que cumpla con los requisitos necesarios para participar en la selección para ostentar el puesto de Rector, ello no le otorga por sí mismo el carácter de aspirante”. La resolución puntualiza que “lo que pretende es combatir actos futuros de realización incierta, contra los cuales no procede el juicio de amparo”.
En el expediente correspondiente a Marisol Luna, el Juzgado Cuarto de Distrito también desechó la demanda de amparo, argumentando que la quejosa no tiene un derecho subjetivo ni interés legítimo que pueda considerarse vulnerado por la prórroga otorgada al Rector en funciones. Luna Leal impugnó los artículos 10 de la Ley de Autonomía y 36 de la Ley Orgánica de la UV, los cuales permiten una prórroga única al Rector. Afirmó que el procedimiento acordado por la Junta de Gobierno en su sesión extraordinaria del 3 de junio la dejaba “sin oportunidad de participar para el proceso de elección” al no publicarse convocatoria para auscultación.