La designación de rector no es un proceso justo, equitativo, imparcial ni transparente

Muchas de las viejas y nuevas aspiraciones, ideales y propuestas, acerca de lo que debe ser y hacer la Universidad Veracruzana; de su importancia y compromiso social; de su obligada contribución al desarrollo de Veracruz y de México están presentes. Gracias a esas voces, a esa corriente de pensamiento; gracias a todas las personas que me promovieron y propusieron. Es un orgullo representarlos.

Una vez más, y a pesar de todos los obstáculos y limitaciones, las ideas y propuestas de esa corriente universitaria se manifiestan libre y voluntariamente; se hacen presentes a nombre del derecho y las libertades que nos asisten. La simple esperanza de hacer mejor las cosas o la legítima motivación de cambiar para mejorar, nos tiene todavía inmersos en el conocido y limitado proceso interno de designación de Rector.

Interno y limitado porque, como lo hemos advertido, la gran ausente es y ha sido la sociedad a la que la UV se debe y la mantiene. Ni a las mujeres, ni a los hombres que la sostienen se les ha tomado en cuenta. La sociedad en este y otros procesos universitarios es la gran excluida e ignorada, la no escuchada, ni consultada y mucho menos atendida en sus múltiples necesidades: los cientos de miles de rechazados en doce años, son sólo una mínima prueba de esa desatención y alejamiento del elitismo burocrático que tiene secuestrada a esta importante institución pública: esa reducida “familia universitaria” que sólo piensa en sus intereses.

Este proceso ha sido una magnífica oportunidad para reiterar viejos ideales y presentar nuevas propuestas; y desde luego, para hacer un ejercicio de congruencia y de representación pública, de formas diferentes de pensar y actuar. El pensamiento único y dogmático no debe tener cabida en la UV. Gracias a todos por su confianza, por su apoyo y comprensión. A los viejos y nuevos compañeros, de ideales y de lucha, mi reconocimiento y afecto de siempre.

Ahora, después del comunicado de la Junta de Gobierno, del 17 de julio, toca a mi persona decidir si continuo o me retiro de dicho proceso.

Antes de tomar esta decisión, he compartido mis reflexiones y preocupaciones y, desde luego, he recibido muchas y muy diversas ideas, propuestas y apoyos. He realizado un fructífero diálogo con mi familia y amigos; con aquéllos que me apoyan y se identifican con nuestras ideas; y ahora con ustedes, representantes de los medios de comunicación que siguen y cubren el acontecer diario.

Razones, argumentos, hechos, acontecimientos, publicaciones y comunicados forman parte, entre otros aspectos, de esta reflexión que se centra en dos temas: las características del proceso y la actitud de las autoridades universitarias responsables.

Para empezar, el proceso de designación no es de elección, y mucho menos de elección democrática. Tampoco es, ni ha pretendido ser, un proceso de designación justo, equitativo, imparcial y transparente. Los hechos muestran que es un proceso limitado, confuso, viciado y contradictorio. He aquí algunos de ellos.

1. Después de 12 años, y casi al concluir su segundo período, el 15 de mayo de este año, el rector convoca por primera vez al Foro Universitario “Construyendo juntos nuestro futuro”, a realizarse por temas y regiones del 22 al 26 de junio; ocasionando lo que se ha interpretado como una campaña de autopromoción con cargo al presupuesto universitario. Los medios de información publicaron esa convocatoria.
2. Desde el inicio del proceso no se cumplió con la normatividad establecida, al publicar la Junta de Gobierno la convocatoria para la designación del rector, el día 8 de junio de este mismo año. Curiosamente con una antelación de 2 meses y 23 días. Con ello se violó el artículo 8 de la Ley de Autonomía, que establece: “La Junta de Gobierno deberá publicar la convocatoria de consulta, dos meses antes de la conclusión del periodo del Rector en funciones”. Dos meses y no casi tres.
3. Casi al mismo tiempo, y de manera inexplicable, el rector cambió las fechas de los Foros, haciéndolos coincidir con las actividades de auscultación previstas en el proceso de designación, para el mismo mes de junio. Los Foros comenzaron a realizarse orientando las conclusiones para promocionar y generar un supuesto consenso a favor de su reelección y de la continuidad de su proyecto. A ello se destinaron fuertes recursos institucionales.
4. Debe notarse también que, después de publicada la Convocatoria, el 8 de junio, miembros de la Junta de Gobierno faltaron a su deber de imparcialidad, al participar en actos oficiales universitarios en los que, con su presencia e imagen pública, se interpretó como un respaldo al rector, aspirante a reelegirse: Enrique Florescano Mayet, en la promoción y presentación de su obra Atlas Histórico de México, el día 10 de junio de 2009; y Miguel Limón Rojas, en el acto inaugural del seminario sobre medicina tradicional, el día 12 del mismo mes y año. Los medios de comunicación dieron cuenta de los boletines oficiales y de las fotografías, en los que se destacaba la imagen del rector junto a dichos miembros de la Junta de Gobierno.
5. Como ya se había observado y criticado en procesos anteriores, la auscultación a la comunidad fue planeada (junto con los foros) para ser realizada justo al inicio del período de exámenes, con el consecuente desaliento y poca participación universitaria verdaderamente representativa. ¿Consultar qué? Si hasta después del 17 de julio el currículum y los programas de trabajo de los candidatos, apenas fueron solicitados y recibidos formalmente por la Junta de Gobierno.
6. El 18 de junio del presente año, el “Ombudsman” de la UV, en lugar de asegurar su papel de defensor de los derechos universitarios y mantener una posición responsable y confiable, en contradicción con el sentido de su cargo —además de pronunciarse a favor de la reelección— tomó partido por el actual rector y descalificó la participación de uno de los aspirantes, señalando que su candidatura sería “incómoda”. Días después, también se manifestó públicamente en contra de la transparencia del proceso, argumentando que la Junta no debería haber dado a conocer los nombres de los aspirantes. Justamente a favor de la opacidad que ha caracterizado a este proceso.
7. Reiteradas denuncias en los medios de comunicación han señalado que las autoridades de la UV han puesto a funcionar una red de presiones e intimidación a quienes dentro de la comunidad universitaria no comparten la reelección. Lo mínimo que se espera en la casa del libre pensamiento, es que no se reprima a los que piensan diferente.
8. A través de los medios y en diversas formas se ha señalado que el rector ha dispuesto del presupuesto institucional para su autopromoción, utilizando las opiniones de algunos universitarios, como las de Sergio Pitol y Enrique Levet. Hechos que han sido comprobados con información oficial de la propia Universidad, en la que se constata, para estos casos, el compromiso de pagar alrededor de 21 facturas a medios de comunicación nacionales y locales. Garantizar la libre expresión es diferente a utilizar recursos públicos para autopromoción.
9. Preocupa el reiterado otorgamiento de reconocimientos de diversa índole, a algunos miembros de la Junta de Gobierno, en los períodos de Víctor Arredondo y Raúl Arias. Situación que podría afectar su trabajo y poner en tela de duda su imparcialidad. ¿Cuántos de los actuales han aceptado “Honoris Causa” y otros tipo de distinciones?
10. Preocupa el silencio y falta de atención de las altas autoridades de la UV a diversas expresiones universitarias y de connotados especialistas en derecho, que han externando su preocupación acerca de la legitimidad de un tercer período y de una permanencia de más de ocho años del actual rector; hecho que contraviene lo estipulado en el artículo 36 de la Ley Orgánica de la UV y los artículos 4 y 10 de la Ley de Autonomía. Los nombramientos expedidos al actual rector no han sido de rector interino ni de rector sustituto; una segunda reelección es improcedente.

Por otra parte, el comportamiento de la Junta de Gobierno en el escrupuloso y puntal cumplimiento de importantes aspectos de la normatividad universitaria, ha ocasionado preocupación e incertidumbre.

Particularmente en la observancia del artículo 4° de la Ley de Autonomía, que la obliga a “ejercer vigilancia y control del presupuesto y patrimonio de la universidad, así como analizar y aprobar el informe de sus estados financieros”; y al ineludible cumplimiento del artículo 114 de la ley Orgánica que a la letra dice: “Si al investigar las faltas de carácter universitario se advierte la comisión de un delito, deberá hacerse la denuncia a las autoridades competentes, sin perjuicio de que se imponga la sanción prevista por la reglamentación respectiva”. ¿Daño patrimonial no es delito?

A este respecto, destaca la desatención de cuando menos tres tipos de casos que son del conocimiento público, y que han afectado seriamente a la UV: a) Daño patrimonial; b) mal uso y desviación de recursos universitarios para la autopromoción del rector; y c) el preocupante manejo de la administración financiera de la institución.

A. Daños patrimoniales, cuando menos los ocasionados y admitidos “por el conocido caso de las computadoras”; y el relativo al “error” del CENEVAL. En el primero, se sentenció, por autoridad competente, a la UV a pagar 93 millones de pesos, y que por “negociación” se ajustó a casi 64 millones; en la universidad las sanciones fueron de “amonestación” a unos, y de “severa llamada de atención” a otros. Y el segundo, estimado por las propias autoridades universitarias en más de 90 millones de pesos, para lo cual se tuvo que autorizar un apoyo extraordinario estatal de aproximadamente 50 millones; como no se ha informado debida y oportunamente, se desconoce si hubo sanciones al interior, pero a los responsables externos se les volvió a contratar. Todo lo anterior sin contar con el desprestigio institucional acarreado. Precisa y notoriamente es, en estos casos, en los que se hace evidente el incumplimiento del citado artículo 114 de la Ley Orgánica y más aún el injustificable silencio como respuesta. ¿Son todos los responsables? ¿La sociedad no merece mayor explicación?

Vinculado a lo anterior, preocupa lo recientemente expresado por el ex-rector Víctor Arredondo —señalado como uno de los responsables del daño patrimonial de las computadoras— quien dio a conocer, el 20 de abril de 2009, la estrecha relación de trabajo (¿asesoría contratada o en nómina?) que sostiene con algunos integrantes de la Junta de Gobierno. En nota informativa, entre otros aspectos se destaca una reunión en la que Víctor Arredondo resaltó el vínculo mencionado: “con el Grupo de Gestión Administrativa y los consultores de Valora, Miguel Limón Rojas y Carlos Mancera Corcuera […] saludó la inclusión de importantes representantes de la cultura contemporánea como Carlos Fuentes, Miguel Limón Rojas y de Rafael Tovar y de Teresa, al equipo de trabajo del reconocido historiador Enrique Florescano Mayet quien coordina los trabajos del Centenario y Bicentenario en el Estado de Veracruz”. Programa conmemorativo adscrito también a la misma Secretaría a cargo de Arredondo.

B. A pesar de las denuncias publicadas en los medios informativos sobre el uso del presupuesto universitario para la autopromoción del rector, la Junta de Gobierno no ha tomado cartas en el asunto. No se sabe ni se informa que se ha hecho o qué se va hacer ante la evidente afectación del proceso de designación; y qué atención se dará al asunto considerado, por muchos, como un posible desvío de recursos y abuso de autoridad.

C. Existe una gran preocupación, particularmente en el actual período de crisis, por el manejo de los recursos financieros de la institución, al estar detectándose posibles ineficiencias, costosas pérdidas y reducciones en la capacidad de atención a necesidades básicas. Entre otros aspectos destacan: 1) el reclamo generalizado en toda la universidad por la baja calidad de los servicios sanitarios, el deficiente mantenimiento de instalaciones, así como el precario funcionamiento de laboratorios y talleres; 2) la insuficiente atención a académicos, trabajadores y estudiantes; a la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje, a los estímulos a su desempeño académico, a la práctica deportiva cotidiana y a la participación de todos en actividades de difusión de la cultura; 3) la falta de atención a los cuestionamientos respecto a las costosas e inconclusas obras de infraestructura (USBI´s de Córdoba, Campus de Ixtaczoquitlán, Sala de Conciertos en Xalapa, etc.), por falta de una adecuada planeación del desarrollo integral de la infraestructura física universitaria y su pertinente correlación con las necesidades académicas.

En este contexto, sobresalen los señalamientos sobre subsidios y pérdidas asociadas a actividades empresariales tales como el equipo de los Halcones, que se estiman en poco más de 40 millones en los últimos años; independientemente de las que pudieran resultar en otras empresas y actividades. En contraposición, y de acuerdo a la poca atención de los servicios básicos, destaca la deficiente atención a instituciones sumamente importantes para el quehacer universitario y para la vida pública, como el Hospital Escuela de Gineco-Obstetricia en el que su mismo personal ha denunciado insistentemente las carencias crecientes que padece y la poca atención que recibe. Debe mencionarse también el preocupante incremento del déficit presupuestal de la UV, que al cierre del ejercicio 2008 alcanzó la cifra de casi 162 millones de pesos.

Toda esta reflexión podría conducir a concluir que este proceso severamente cuestionado, es inadecuado; y también llamaría la atención que una autoridad no cumpla con obligaciones importantes establecidas en la ley. Para muchos, tanto el uno como la otra, desalientan y generan desconfianza. En consecuencia ¿Qué sentido tendría seguir participando?

Ante esta situación la primera conclusión a la que se puede llegar, es que si el proceso no es confiable, si todo está arreglado, simplemente nadie está obligado a apoyar o legitimar con su presencia y participación, una simulación. Por lo tanto, salirse y no aceptar continuar es un derecho.

Sin embargo, en mi caso, y en atención a la corriente de pensamiento que represento, a la oportunidad que merecen las voces no escuchadas; a la importancia de las propuestas siempre pospuestas; al derecho de atención a los reclamos ignorados; y, sobre todo, a la necesidad de evitar daños como los identificados y posibles delitos solapados, les comunico que, sin ingenuidad alguna, seguiré en el proceso hasta sus últimas consecuencias. Por compromiso social y convicción personal. Por congruencia.

Repetiré parte del credo que nos une e identifica: es obligación de todos, dentro y fuera de la institución, hacer que el respeto a la autonomía universitaria repose fundamentalmente en el cumplimiento de la responsabilidad social de los universitarios, alertando, señalando y actuando a tiempo y en consecuencia, sobre las irregularidades e ilícitos que se cometan, en particular los que afecten su patrimonio, funciones y el prestigio institucional. Porque hay que reconocer y estimular el derecho ejercido y el deber cumplido; y no la irresponsabilidad, el encubrimiento y la complicidad. Porque proponemos y sostenemos: NO más daño patrimonial, cero tolerancia a la negligencia e ineficiencia, a la corrupción y a la delincuencia. Porque enfatizamos, NO a la Universidad de la simulación y la impunidad. Porque hay que ser congruente entre lo que se dice y lo que se hace. Así de simple es nuestra intención.

No somos ingenuos. Sabemos que a final de cuentas quedará, cuando menos para la historia de la ignominia, la prueba del intento realizado, del rechazo al ejercicio de derechos, de la demanda de justicia no escuchada ni atendida. Aquí queda prueba de la congruencia, del mínimo decoro, de la dignidad intransigente y, también, del esfuerzo renovado, porque este no será el fin de la historia, unos, otros y muchos más en el futuro, retomarán el ejemplo del deber cumplido.

Xalapa, Ver., 22 de Julio de 2009
Rafael Arias Hernández