La ley es tela de araña...

El Gaucho Martín Fierro es un poema narrativo, escrito en verso por José Hernández en 1872, obra literaria considerada ejemplar del género gauchesco. Los versos que José Hernández pone en boca de un gaucho apuntan a tópicos muy sugestivos: La ley es tela de araña / -en mi ignorancia lo explico-. / No la tema el hombre rico; / nunca la tema el que mande; / pues la rompe el bicho grande / y sólo enrieda a los chicos.

El contenido ideológico de las leyes es un tema viejo, pero bien estudiado por los marxistas, quiénes con un significado peyorativo de la palabra, nos decían que las ideologías no describen al hombre y su situación en el mundo y la sociedad de un modo correcto, sino de un modo deformado, falso. Ellos con naturalidad y sencillez habrían leído en los versos trascritos la índole clasista de la ley.

En cambio, los abogados de hoy saben leer en los tópicos de la sabiduría popular el signo y la señal de un problema. En el caso, la aporía es que la ley positiva tiene un carácter instrumental y, en el ejercicio del poder, puede ser empleada para bien o para mal. En los versos de José Hernández, el gaucho percibe: Es la ley como la lluvia: / nunca puede ser pareja; / el que la aguanta se queja, / pero el asunto es sencillo: / la ley es como el cuchillo: / no ofende a quien lo maneja.



En el contexto situacional en que habitamos, y es menester levantar la mirada para ver la región latinoamericana, el sentido común se siente muy a gusto con los versos que canta el gaucho, el cual respecto a la ley positiva sigue entonando: Le suelen llamar espada / y el nombre le viene bien; / los que la gobiernan ven / a dónde han de dar el tajo: / le cai al que se halla abajo / y corta sin ver a quién.

José Hernández hace sonar todas las alarmas, pues los poemas -por verosímiles que sean- no cantan “verdades”, pueden sugerir cómo están las cosas, pero no cómo son ellas. Las ideologías, sin embargo, implican ideólogos, en este caso, ellos casi siempre son abogados (“doctores”) quienes expresan, en forma oral o escrita, los discursos justificativos del ejercicio del poder y, servilmente, se subordinan al político y no le exigen que sea él quien justifique sus actos, sino que se pasan la vida practicando la lambisconería: Hay muchos que son doctores, / y de su ciencia no dudo; / mas yo soy un negro rudo / y aunque de esto poco entiendo, / estoy diariamente viendo / que aplican la del embudo.



No procede apartarse de la sabiduría popular ni alejarse del sentido común. Pero, a partir de aquí, el argumento jurídico se remonta hasta los principios o fuentes y, después, va a descender para pensar los hechos (pesar el pro y el contra de algo). Pero, el hecho que tenemos enfrente es la aniquilación del federalismo mexicano y la formalización de un estado unitario en nombre de los <<sistemas>> (sistema de justicia penal y seguridad pública, sistema de administración tributaria, sistema anticorrupción, sistema político-electoral, sistema educativo, sistema de justicia laboral, etcétera). Bajo los sistemas las entidades federativas están subordinadas a la federación. El federalismo mexicano enseñaba que las entidades federativas no están sujetas a la federación, sino que tanto los estados federados como la federación se subordinan a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental”.

No obstante, los “sistemas” consiguieron alterar los principios de la Carta Magna y, particularmente, el que hoy ocupa nuestra atención. Por ejemplo, el Código Nacional de Procedimientos Penales fue convertido en eje del sistema de justicia penal y, ahora, los ideólogos claman por una armonización de los códigos penales de los estados a dicha ley procesal, lo cual significa, ni más ni menos, que poner la carreta delante los bueyes. Hace años, y de cara a una reforma al código penal de Veracruz, el chileno Manuel de Rivacoba y Rivacoba propuso la respuesta congruente: un Código Nacional en materia penal, al cual se debería armonizar el Código Nacional de Procedimientos Penales.

La manifestación concreta del hecho expuesto ocurre ante la debacle financiera de Veracruz, que hace ver un gobierno exigiendo la salvación por parte de la federación y no faltan las voces que de plano proponen la secesión. Pero, cuidado con los ideólogos que son peligrosos en grado sumo, al desastre financiero de Veracruz lo han bautizado como “tsunami duarte”, esta es una figura inapropiada y, tal vez, mal intencionada, pues tsunami es una ola gigantesca producida por un maremoto o una erupción volcánica en el fondo del mar. Esto es, se trata de un hecho de la naturaleza y una causa de fuerza mayor que excluye la responsabilidad jurídica de los sujetos involucrados en ella.



Si la ley positiva es “tela de araña”, como canta Martín Fierro, hagamos un uso alternativo de ley. Por ejemplo, los ciudadanos podemos y debemos leer la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información (que implicará someter a nuevo examen la ley respectiva de Veracruz), pues la audiencia universal será el real garante de su cumplimiento y se podrán evitar, en cierta medida o en gran medida, los desastres que provienen de actos de corrupción, los cuales son actos de la voluntad humana y no hechos de la naturaleza.

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