Ley General de Aguas no frena acaparamiento ni explotación excesiva, advierten activistas

Organizaciones de la sociedad civil denunciaron que el proyecto de Ley General de Aguas no frena el acaparamiento ni la explotación excesiva del recurso, al considerar que mantiene intacto el modelo que ha permitido concentrar concesiones y sostener la sobreexplotación de cuencas y acuíferos durante las últimas décadas.

Señalaron que, pese a tratarse de una nueva legislación, la propuesta carece de medidas que obliguen a la autoridad a corregir estas prácticas.

“Agua para Todos” y la “Contraloría Autónoma del Agua” alertaron que tampoco garantiza el acceso al agua para las comunidades que enfrentan marginación hídrica, debido a que no establece obligaciones específicas para priorizar el abastecimiento en regiones con disponibilidad limitada ni mecanismos que aseguren un reparto equitativo del recurso.



Las organizaciones afirmaron que la iniciativa impulsada por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) perpetúa el marco jurídico construido a partir de la Ley de Aguas Nacionales, vigente desde hace 33 años, al no incorporar herramientas efectivas para redistribuir volúmenes concesionados ni para limitar prácticas que han generado desigualdad en el acceso. Explicaron que esta continuidad legal permite que las zonas con mayor presión hídrica mantengan dinámicas de sobreexplotación sin supervisión suficiente.

Señalaron que las propuestas realizadas por comunidades, especialistas y legisladores en los Parlamentos Abiertos y Audiencias Públicas fueron descartadas sin deliberación pública, pese a que incluían observaciones sobre la necesidad de transparentar el sistema de concesiones, fortalecer la participación social y prohibir la privatización de sistemas de agua y saneamiento.

En su posicionamiento, también advirtieron que el proyecto legaliza la posibilidad de reasignar volúmenes sin reducir el sobreconcesionamiento y omite disposiciones que aseguren el derecho humano al agua en regiones con desabasto. Indicaron que la iniciativa no obliga a la autoridad a vigilar el uso industrial y de servicios ni incorpora controles para evitar que grandes usuarios mantengan concesiones sin cubrir pagos o sin comprobar el uso del recurso.



Las agrupaciones destacaron que el documento tampoco establece mecanismos para ordenar el sistema de concesiones ni para transparentar solicitudes, pagos, reasignaciones o procesos técnicos relacionados con la disponibilidad del recurso. Afirmaron que esta ausencia limita la capacidad del Estado para corregir prácticas que facilitan la corrupción y la manipulación de declaratorias de disponibilidad.

De igual forma, señalaron que no se fortalecen los espacios de participación social previstos en la Constitución, pues los Consejos de Cuenca no estarían obligados a integrar a pueblos indígenas, comunidades afectadas, investigadores o defensores del agua, manteniendo la predominancia de grandes concesionarios en la toma de decisiones.

Expusieron que el proceso legislativo se condujo de manera acelerada y sin revisión pública, lo que impidió incorporar propuestas relacionadas con la protección de territorios vulnerables, el reconocimiento de derechos comunitarios y la obligación de la autoridad de impedir prácticas que favorecen el acaparamiento y la explotación intensiva de acuíferos.



Concluyeron que la legislación en discusión se aleja del mandato constitucional de equidad, sustentabilidad y participación, por lo que continuarán promoviendo alternativas orientadas al buen gobierno del agua y a la defensa del derecho humano de las poblaciones que actualmente no cuentan con un suministro suficiente y seguro.