Ley General de Aguas pegará a pipas; requerirán concesiones formales: Emmanuel Arteaga

La Ley General de Aguas, publicada el 11 de diciembre de 2025, podría generar un impacto negativo tanto en los vendedores de agua en pipas como en las comunidades que dependen de este servicio ante la falta de abastecimiento público, advirtió el abogado Emmanuel Arteaga, representante del despacho jurídico de Asistencia Social a Grupos Vulnerables en estado de indefensión “Arteaga y Asociados”.

En la cabecera municipal, así como en la extensa zona conurbada Plan de Ayala-Totolapa, que aglutina casi el 30 por ciento de la población del municipio, el abasto se cubre en buena medida con la venta de agua en pipas. El Litigante explicó que, aunque la nueva legislación prioriza el derecho humano al agua, establece requisitos estrictos para la explotación, transporte y distribución del recurso, lo que deja en la ilegalidad a quienes suministran agua sin contar con concesiones formales.

Señaló que esta actividad ha sido durante años el sustento de cientos de familias y una alternativa indispensable para zonas donde el servicio público es inexistente. El Abogado alertó que la ley contempla sanciones administrativas y penales, como multas elevadas, clausuras e incluso el aseguramiento de pipas, lo que podría agravar el desabasto en municipios como Tihuatlán y otras regiones del país.



Por ello, llamó a implementar programas de regularización accesibles y a coordinar esfuerzos entre autoridades y proveedores para garantizar el acceso al agua sin criminalizar a quienes cubren las omisiones del Estado.