Los logros del Poder Judicial: Pleitos internos, menos juzgados, crisis financiera

En un largo Informe de Actividades con el que inició promoviendo su imagen personal y no los resultados institucionales, la presidenta del Poder Judicial del Estado (PJE), Isabel Inés Romero Cruz, hizo varias citas religiosas al rendir cuentas y pronunciarse contra la impunidad y la corrupción, de los que dijo, no se puede bajar la guardia en su combate.

En el discurso que duró casi 2 horas, Romero Cruz señaló que siempre se puede hacer más contra estos “males” y demostrar “la recta labor” que ejerce a cargo del Poder Judicial; sin embargo, este año particularmente la vida interna y pública del ente ha sido convulsa.

Desde el cierre de juzgados hasta la reducción de salarios; de pedir “fiadas” las sanitizaciones, hasta la petición de más dinero por haberse gastado el de este año desde junio, el primer año completo de Romero Cruz —que llegó a la Presidencia en octubre de 2020— ha sido cuestionado incluso por algunos magistrados.

Su gestión pasa no sólo por la quiebra del Poder Judicial durante 2021, sino por la rebatinga de togados que acusan haber sido destituidos ilegalmente de sus encargos, que amenazan con llevarla hasta los tribunales penales de ser necesario, en caso de no acceder a reinstalarlos en sus puestos.

En medio de esta situación, este miércoles Romero Cruz llevó a cabo su Segundo Informe de Actividades.

Polémica por cierre de 29 juzgados

Romero Cruz afirmó que se cuenta con “paz social” gracias no sólo al trabajo coordinado de los tres poderes, sino de jueces que actúan “con gran sabiduría como lo hizo el Rey Salomón”; resaltó que los asuntos se resuelven con alta consciencia del bien común, pues el pueblo requiere estabilidad que otorgue a las familias las herramientas para vivir mejor.

Y llamó a no llevar “el peso de no haber actuado con justicia”.

Sin embargo, a mediados de este año, la misma presidenta ordenó el cierre de 29 juzgados regionales y microrregionales, arrebatando a miles de justiciables la posibilidad de una justicia pronta y expedita y obligándolos no sólo a trasladarse a otras ciudades o a sitios más lejanos para sus asuntos, sino condenándolos al rezago y la carga de trabajo a los juzgados donde fueron enviados sus casos.



La Magistrada Presidenta afirmó que privilegiando el interés de la colectividad, sobre los intereses personales, se implementó un plan de austeridad en donde como iniciativa interna y como forma de no agravar la situación financiera del Tribunal, se determinó una reducción de compensaciones a partir de agosto de este año.

Dijo que este plan no pudo haber sido posible sin el apoyo de magistrados y consejeros, directores, jefes de área y otros servidores públicos que “libremente decidieron que se les aplicara una reducción de sus compensaciones”.

Pero en el audio que circuló en redes sociales durante este 2021, la misma Magistrada dijo a sus compañeros que fue idea del gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, que se bajaran los sueldos y anularan las compensaciones.

“Yo fui varias veces con el señor Gobernador porque todavía desconfiaba mucho porque no soy buena para las matemáticas ni para esto de la administración financiera, lo estoy aprendiendo pero fui varias veces, Gobernador y ya la última me dice qué no entiende; hable con los magistrados y dígales que me apoyen hasta diciembre nada más, quiero que me apoyen hasta diciembre”, se escucha.

Posteriormente en la grabación, la Presidenta termina por indicar a los magistrados que lo único voluntario es decir sí o no a la propuesta, ya que el descuento no puede ser menor a 20 por ciento.



“El que quiera el porcentaje, por ejemplo el 20, el 30 o el 25, el que quiera; cualquiera podría decir ‘yo doy el 5 por ciento y sería muy poco’”.

Suspensión de servicio eléctrico

Al afirmar que no por estar más horas en las oficinas se hace mejor el trabajo, Romero Cruz dijo que se implementó la medida de quitar el servicio eléctrico durante los fines de semana, como una cuestión de voluntad.

Pero, en octubre se dio a conocer que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cortó el servicio de luz al Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCA) del Poder Judicial del Estado, tenía al menos un mes atrás, por lo que han hecho uso de un generador que funciona con diésel y ha causado molestias entre los vecinos por el intenso ruido que hace.

Estos denunciaron que a raíz del corte de energía se contrató la planta de luz, donde constantemente se observa la llegada de vehículos cargado con bidones que transportan el combustible para mantenerla en funcionamiento por espacio de 12 horas diarias.

Administradora gana más que el Gobernador

La presidenta del Poder Judicial resaltó el trabajo de Joana Marlen Bautista, administradora allegada a Eleazar Guerrero, primo del gobernador, de quien dijo, ha hecho un gran trabajo “mirando siempre por el bien del servidor público”, al ser ésta quien llevó a cabo el plan de austeridad del Poder.

Pero, Bautista gana más que el propio Gobernador del Estado. Pese a que en apariencia su salario mensual es de 22 mil pesos, algunas compensaciones le han permitido que en más de un año que lleva al frente de la Administración, haya cobrado más de un millón de pesos.

Inicio de Juzgados Laborales

Veracruz es el único que cuenta con 11 juzgados laborales, el mayor número de estos en toda la República, presumió la magistrada, mismos que entraron en funcionamiento el pasado 3 de noviembre.

Pero, de acuerdo con la propia magistrada en aquella reunión con sus homólogos, a mediados de este año ni siquiera se tenía el dinero para ponerlos en marcha, de ahí la urgencia de que sus compañeros se bajaran los sueldos y las compensaciones.

“Si se tomaron estas decisiones fue por la situación económica y porque el día primero de octubre entran en funciones los juzgados laborales y díganme ustedes si estamos mal que no nos alcanza el dinero”.

“Entonces tener 11 microrregionales y 11 laborales, más aparte los familiares, a dónde íbamos a dar; ahorita nos faltan hasta para diciembre 500 millones de pesos; que 260 son para puro salario”, añadió aquella fecha.

Encontronazo con magistrados

Isabel Romero dijo que la presidencia fue un acto con el que la honraron sus pares; que desde ahí se ha trabajado mucho, “siempre buscando mejorar las condiciones para todos los empleados del Poder Judicial”.

La realidad es que los problemas que tiene con algunos han llegado a la arena pública: una de ellas, Concepción Flores Saviaga ha evidenciado que la presidenta estaría violando la ley al removerla de la Octava Sala y colocarla en la Visitaduría, al contar con una suspensión federal que ordena no quitarla de ese puesto.

Igualmente, la propia Saviaga ha señalado que tanto ella como otros magistrados están en contra del recorte a los sueldos que se ha solicitado desde agosto de este año. La magistrada ha reconocido también que fue un error apoyar la llegada de Isabel Romero, por lo que ahora piden su renuncia.

Otro caso es del magistrado Roberto Dorantes Romero, quien cuenta con un amparo para ser reinstalado en su cargo, tras serle aplicada de manera retroactiva y en su perjuicio, el retiro forzoso del cargo por edad.

Afirma respetar a los abogados

En cada juzgado, dijo lo magistrada en su informe, se cuenta con la visualización que los abogados litigantes perciben de la labor de los servidores públicos: “habiéndoseles recibido con gran respeto” afirmando que todas las opiniones y posturas han sido escuchadas, y atendidas.

Lo cierto es que, a raíz del cierre de los 29 juzgados, en junio un grupo de abogados y ciudadanos inició una protesta por esta medida en el juzgado de Misantla, donde acusaron que la presidenta estaba olvidando el interés superior del menor, pues tan solo en ese juzgado, mil 500 expedientes que involucraban a niños corrían riesgo de no desahogarse a tiempo. Igualmente, acusaron que tenían días en la protesta, sin que la magistrada se dignara a escuchar sus posturas.

Despidos de personal

En su informe, la presidenta dijo que, si bien se procedió a la no renovación de contratos, por falta de resultados y renuncias voluntarias “de quienes no se encontraban a la altura que requiere el servicio público del Poder Judicial”, no explicó el alcance de este criterio ni cuántos fueron despedidos, pero sostuvo que se hicieron algunas recontrataciones.

En los hechos, la magistrada está denunciada ante la Fiscalía General por un defensor de oficio adscrito a la Quinta Sala por haberlo dado de baja de manera arbitraria del Seguro Social, sabedora de que tiene padecimientos que ponen en riesgo su vida.

En el escrito, Flavio Mario Santés Álvarez narra que al estar dentro del grupo de personas vulnerables y de alto riesgo respecto a la pandemia del coronavirus covid-19 durante toda la primera mitad del año requirió constantemente la atención medica del IMSS.

Señaló que el pasado junio le fue notificada su baja patronal del Instituto, aun y cuando se encontraba en licencia médica otorgada por la propia institución médica, misma que era del conocimiento de la magistrada.

Despedida del cargo

Al borde del llanto, Isabel Inés Romero Cruz afirmó que atendió a los trabajadores de limpieza que estaban “como esclavos”.

Entre pausas y tocándose de pronto el lado izquierdo del pecho, afirmó que le contaron “cosas terribles” y decidió cambiar a su entonces jefe. Dijo que las puertas están abiertas para todos y aseguró que esta es una de las cosas que se lleva en el corazón, como aquellas que le dolieron tanto.

“Nunca olvidaré esas acciones y ese apoyo que he tenido de ustedes”, les dijo a sus pares con la voz entrecortada. Isabel Inés también agradeció al gobernador García Jiménez, ahí presente.

“Gracias hermanos que están aquí presentes; con la fe de que podemos lograr lo que nos proponemos, con pasos firmes, sin perder la mirada hacia el prójimo, con la frente en alto y sabiendo que el esfuerzo debe ser día a día, les agradezco su contribución”, dijo.

El próximo año, por retiro forzoso, Romero Cruz tendría que dejar su cargo.