Integrantes de los colectivos “Unidas por Amor a Nuestros Desaparecidos” y “Buscando Nos Encontramos Córdoba” denunciaron presuntas condiciones de precariedad y revictimización por parte de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEEAIV) durante una actividad de difusión relacionada con la búsqueda de personas desaparecidas.
Las integrantes señalaron que, para realizar labores de volanteo y colocación de fichas de búsqueda en varios municipios fueron trasladadas en una unidad que consideraron insuficiente para transportar tanto a las participantes como el material necesario para las jornadas.
Olga Lidia Salazar, representante del colectivo, expresó su inconformidad mientras se dirigían a Orizaba y Cardel para llevar a cabo actividades de búsqueda y difusión. “Nos mandaron en una camioneta tan pequeña que no trae ni cajuela. Nuestras maletas y materiales vienen como canicas, de un lado a otro, golpeándose o cayéndose. Vamos muy apretadas”, acusó.
La activista explicó que, debido a que las actividades se desarrollarían durante 2 días, las integrantes transportaban equipaje personal además del material utilizado para la pega de fichas y las labores de búsqueda. Asimismo, aseguró que, al manifestar su inconformidad, recibieron una respuesta que consideraron insensible. “Entonces nos dijeron que no ‘había de otra, que si no queríamos irnos en esa camioneta, en esas condiciones en las que íbamos con nuestras maletas, pues que nos podíamos bajar sin ningún problema’”.
Las buscadoras afirmaron que las condiciones del traslado representan una falta de respeto hacia las familias que continúan buscando a sus seres queridos. “Estamos muy molestas, vamos muy apretadas en la camioneta, no hay lugar para poner nuestras maletas”.
Además, señalaron directamente a Namiko Matzumoto Benítez, titular de la Comisión, y a Tamara Gidi Vélez, servidora pública del organismo, como responsables de una situación que consideran injustificada.
De acuerdo con las integrantes de los colectivos, existe la percepción de que ambas funcionarias mantienen una actitud adversa hacia sus organizaciones. “Se me hace una revictimización y una falta de respeto para nosotras las familias que vamos a buscar a los nuestros”.
Las activistas insistieron en que son las propias familias quienes continúan realizando gran parte del trabajo de campo ante la falta de resultados por parte de las autoridades. “Claro que tenemos por qué llevar tanta maleta porque ahí va todo nuestro material, todas nuestras ilusiones, todas nuestras frustraciones de no poder encontrar a los nuestros por ningún lado”.
Según explicaron, el problema habría surgido luego de que se negaran a utilizar los servicios de una empresa externa de transporte identificada como “Travel”, la cual, aseguraron, estaría relacionada con las funcionarias señaladas.
Asimismo, denunciaron que personal de dicha empresa habría mostrado actitudes inapropiadas y tendría acceso a información confidencial de los expedientes de las familias. “Y nosotros somos los únicos que estamos haciendo el trabajo, ninguna dependencia ni las autoridades están haciendo nada por encontrarlos”.
Finalmente, Olga Lidia Salazar hizo un llamado a las instituciones encargadas de atender a las víctimas para que recuerden el propósito con el que fueron creadas. “Se les está olvidando que esa comisión fue creada para y por las familias, no para que venga un servidor público a ocupar un asiento y a cobrar un sueldo. Ninguna dependencia ni las autoridades están haciendo nada por encontrarlos”, concluyó.