Ministro retira propuesta para invalidar prisión preventiva oficiosa; la reformulará

Tras dos sesiones de “intenso debate”, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, anunció que retirará su propuesta que planteaba invalidar la prisión preventiva oficiosa.

Ante el Pleno de la Corte, este jueves, y luego de que la mayoría de sus compañeros mostrarán rechazo al proyecto, Aguilar Morales aclaró que reconstruirá su propuesta para presentarla nuevamente.

“Retiro el proyecto para reconstruir la propuesta y con ello tratar de unir los puntos de conexión así como matizar los disensos que nos separan a fin de proponer una nueva metodología que nos permita expulsar los efectos dañinos de la prisión preventiva automática”, dijo.

Al reiniciar la discusión, el ministro comentó que rescata de las opiniones de sus homólogos un aparente rechazo generalizado a la prisión preventiva oficiosa.

También le contestó a su compañero Alberto Pérez Dayán, quien llegó a catalogar el proyecto como una medida “para desprender hojas de la Constitución”.

De acuerdo a Luis María Aguilar, se pretende armonizar las leyes mexicanas que, por un lado, dan prioridad a los derechos humanos y por el otro va contra la presunción de inocencia, manteniendo en la cárcel a personas sin condena.

Su proyecto pretendía declarar la invalidez del articulo 167 párrafo séptimo del Código Nacional de Procedimientos Penales y el artículo V, fracción XIII, de la Ley de Seguridad Nacional, por establecer la procedencia de la prisión preventiva “de manera oficiosa, absoluta, desproporcionada y automática”.

Luis María Aguilar advirtió que ni siquiera hay elementos probatorios, indiciarios o estadísticos que demuestren que la prision preventiva se traduzca en una vía eficaz para el combate de delito y la proteccion de las víctimas, como actualmente alegan gobernadores de MORENA.

“Casi la mitad de las personas que se encuentran en prisión preventiva ganan menos de 5 mil pesos al mes. Casi el 20% de las personas internas en centros penitenciarios son indígenas y afromexicanos y muchos de ellos ni siquiera hablan español. ¿Qué sucede con estas personas que pertenecen a grupios historicamente discriminados? ¿Debemos condenarlos a ua pena de prision anticipada?”, cuestionó.