MORENA da “atole con el dedo” a Veracruz, sólo finge derogar ultrajes

Diputados locales de la oposición afirmaron que la mayoría de MORENA en el Congreso del Estado sólo quiere dar “atole con el dedo” a los veracruzanos con la derogación de sólo dos fracciones del delito de ultrajes a la autoridad, afirmando que le medida es “una farsa” y que seguramente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “corregirá la plana” al partido guinda.

El diputado del PRI, Marlon Ramírez Marín, vaticinó que el máximo tribunal del país evidenciará de nueva cuenta al Congreso local respecto a la no derogación del delito de ultrajes a la autoridad, lamentando que sea el Ejecutivo y no las titulares de la Fiscalía General y del Poder Judicial en Veracruz quienes defiendan el tipo penal.

En ese sentido, sostuvo que la medida de no eliminar el delito de ultrajes a la autoridad significará un costo político y social, especialmente de quienes están padeciendo abusos con la actual tipificación.



“Posiblemente en 24 horas el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tome una determinación que pueda echar por tierra esta decisión”, señaló el priísta, en alusión a la sesión que realizarán los ministros este lunes para abordar las acciones de inconstitucionalidad promovidas por la oposición y por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

Mencionó que, como integrante de la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales decidió no firmar el dictamen sometido a discusión este domingo, pues a su parecer no se está respetando la presunción de inocencia; el derecho a una defensa justa y el ofrecimiento de pruebas.

Dijo que la taxatividad de la Ley significa que ésta debe ser clara y precisa, lo que no ocurre y no se mejora en el dictamen aprobado este domingo por la mayoría que integra el pleno.



“No le compete al Gobernador ser quien defienda el tipo penal; ello correspondería a la Fiscalía General del Estado, dada la autonomía por lo menos en el papel que debe tener del Poder Ejecutivo”.

Respecto al Poder Judicial, criticó que en su informe de labores la presidenta del Poder Judicial, Isabel Romero Cruz, dijo que se les llamaba a los jueces agradeciéndoles que hacían lo que se les pide con llamadas “a las 4 o 5 de la mañana”.

“No creo que sea para determinar una pensión alimenticia o un juicio mercantil, los trucos sucios por los que se podría llamar a un juzgado de primera instancia en esta materia son por los juicios que tienen términos constitucionales y esos son los procesos en materia penal”.



El diputado del PAN, Jaime Enrique de la Garza, afirmó que la mayoría morenista quiere “dar atole con el dedo” a todo el pueblo veracruzano, criticando que al analizar las iniciativas sólo se haya determinado eliminar las fracciones II y IV del artículo 331.

“Al derogar estas 2 fracciones no pasa nada, literalmente no pasa nada, seguimos con lo mismo; no se van a terminar los abusos de autoridad y la persecución que se ejecuta hacia todos los veracruzanos”.

Afirmó que lo importante para derogar es la penalidad de 5 a 7 años de prisión, lo que resulta excesivo al quitar la posibilidad de salir bajo fianza a quien esté acusado de cometer el delito de ultrajes a la autoridad.



Añadió que tampoco se abordó la eliminación del artículo 371 Quinquies, que establece que se impondrán de 7 a 15 años de prisión y multa de cuatrocientas a ochocientas unidades de medida y actualización diarias, a quien amenace o agreda a un integrante o elemento de alguna institución de Seguridad Pública municipal o estatal en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas, de tal manera que, en razón del arma empleada, de la fuerza o destreza del agresor, pueda producirle como resultado lesiones o muerte

La diputada de Movimiento Ciudadano, Ruth Callejas Roldán, afirmó que la redacción del delito de ultrajes a la autoridad es contraria al principio de certeza que deben caracterizar a las normas jurídicas, especialmente las de tipo penal.

Criticó que el delito de ultrajes siga manteniendo su vigencia, pese a la recomendación 146/2021 de la CNDH para derogar el delito.



“Los delitos de ultrajes a la autoridad y contra la seguridad pública, la mayoría de los casos, sólo han sido instrumento para criminalizar la disidencia e inhibir la participación política de la ciudadanía y en otros casos para negar y restringir derechos civiles obstaculizando el Derecho a un juicio justo”, planteó.

El diputado del Partido del Trabajo, Ramón Díaz Ávila, lamentó que Veracruz ha sido noticia a nivel nacional e internacional por la reforma al Código Penal respecto al delito de ultrajes a la autoridad que ocasionó una recomendación de la CNDH, pues dicha legislación debe ser temida no solamente por responsables de cometer delitos, también por “quienes sean inocentes”.



Recordó que se presentaron 4 iniciativas, incluyendo la del gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, pugnando por la derogación, disminución de penalidades y agregar elementos de mayor precisión y alcances jurídicos, pero sólo se optó por derogar 2 fracciones.

“De aprobarse el dictamen tendremos que padecer las consecuencias legales sobre las inconsistencias que de ella deriven las controversias constitucionales promovidas para su derogación”.

Por su parte, la diputada del PAN, Verónica Pulido Herrera, afirmó que MORENA sólo ve por sus intereses y por ello optó por no derogar el delito de ultrajes a la autoridad.

La diputada del PRI, Anilú Ingram Vallines, dijo que los diputados deben ser leales a los veracruzanos, afirmando que la derogación de 2 fracciones “es una farsa”.

La priísta añadió que las recomendaciones de la CNDH no pueden ser “a medias” y tiene que aceptarse en sus términos, lo que no ocurrió este domingo, cuando se priorizó el bien jurídico a la seguridad pública por encima de los Derechos Humanos como el Derecho a la seguridad jurídica.

Finalmente, el diputado del PAN, Enrique Cambranis Torres, aseguró que el dictamen aprobado por la mayoría de MORENA “es insuficiente, tramposo y perverso”, pues no atiende la recomendación de la CNDH por la detención irregular de 6 jóvenes en Xalapa acusados del delito de ultrajes a la autoridad.



“Esto no puede llamarse de otra forma, es completamente una simulación, es un alarde de poder y de terquedad del Gobernador que, junto a sus cómplices, mayoría en este congreso, pasan por encima de la voluntad ciudadana, de las instituciones autónomas y de los especialistas en Derechos Humanos”.

Criticó que el Gobernador haya enviado una iniciativa para derogar el delito de ultrajes a la autoridad y, sin embargo, este domingo haya dirigido una carta a la Suprema Corte advirtiendo que eliminar el tipo penal significaría crear un vacío legal.