Nada impide legislar sobre aborto en Veracruz; diputados, obligados a actuar

Dado que la Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado sigue vigente, el proceso jurídico ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación no suspende en absoluto ninguna de las actividades y acciones que tiene que emprender el Gobierno, incluyendo el Poder Legislativo, en el tema de Interrupción Legal del Embarazo.

La asesora legal de la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar (MEXFAM), Esmeralda Lecxiur Ferreira, le aclaró a aquellos diputados que han dicho que nadie les puede ordenar “qué hacer”, que su obligación es legislar sobre las reformas de los artículos 149, 150 y 154 del Código Penal del Estado de Veracruz.

Estos artículos contemplan el marco normativo señalado como violatorio de los derechos humanos, pues agravia y penaliza a las mujeres en el tema del aborto.



Al respecto, Lecxiur Ferreira advirtió que la falta de legislación deriva en que “cualquier mujer en Veracruz que el día hoy interrumpa legalmente su embarazo sea coartado por las imposibilidades que maneja el Código Penal en Caso de violación que sólo dan 90 días para hacerlo”.

Alertó que por el propio contexto político, cultural y sociológico, el mayor número de mujeres que sufren violencia sexual lo sufren dentro del hogar.

En su mensaje, insistió en criticar a los diputados del Congreso local al señalar que por ningún motivo puede abstraerse de sus obligaciones como parte del Estado Mexicano que se conforma por los poderes Ejecutivos, Legislativo y Judicial, por lo que ninguno puede hacer República aparte.



“El Estado Mexicano es uno solo que ha adquirido compromisos y está obligado a cumplirlos y por lo tanto el Poder Legislativo sí está obligado a respetar y a llevar a cabo las recomendaciones que hay en los marcos jurídicos internacionales”, estableció.

Aclaró que lo que las organizaciones de la sociedad civil están exigiendo son marcos jurídicos normativos y no existe ninguna ideología de género.

En conferencia de prensa, de integrantes de la sociedad civil dejaron en claro que el proceso judicial ante la SCJN podría durar cuando menos 6 meses, pero lo conveniente sería que el Congreso asumiera su responsabilidad y cumpliera con lo marcado en la Alerta de Género desde 2017.