Nahle plantea a Congreso armonizar Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública

La gobernadora Rocío Nahle remitió al Congreso de Veracruz una iniciativa con proyecto de decreto para la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, la cual tiene como objetivo armonizar el marco jurídico local con la legislación federal y reestructurar la coordinación entre las corporaciones policiales.

La propuesta plantea la implementación del modelo de Mando Único en los municipios que carezcan de policía, cuando así lo determinen los Consejos Nacional o Estatal de Seguridad, o a petición de los Ayuntamientos.

El documento faculta al Ejecutivo estatal para asumir de forma temporal el mando de las policías municipales en casos de fuerza mayor o alteraciones graves del orden público. Asimismo, establece la figura del Mando Coordinado, mediante la cual el Estado centralizaría las labores operativas mientras las funciones administrativas permanecerían bajo la responsabilidad de las autoridades municipales, lo cual se formalizaría a través de convenios.



El texto añade que este modelo busca fortalecer “la relación y coordinación entre instituciones de seguridad pública, ministerial, de los derechos humanos y cultura de la integridad”. La iniciativa responde a la entrada en vigor de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicada en julio de 2025, y busca actualizar la normativa estatal vigente desde 2021. El proyecto integra al Sistema Estatal mediante instancias como el Consejo Estatal, la Secretaría Ejecutiva y las Mesas de Paz, tanto a nivel estatal como regional, diseñadas para el análisis de la incidencia delictiva y la toma de decisiones ejecutivas.

En materia de profesionalización, la ley regula el Servicio Profesional de Carrera para las instituciones policiales, de procuración de justicia y penitenciarias. Se homologan los procedimientos de reclutamiento, selección, certificación y permanencia bajo estándares nacionales, y se prohíbe la contratación de personal para funciones policiales bajo esquemas de subcontratación.

El texto normativo incorpora la perspectiva de género y el respeto a los derechos humanos como principios rectores de la actuación policial, además de establecer mecanismos de participación ciudadana para la evaluación de políticas de prevención del delito. También se contempla el fortalecimiento de la seguridad social para los elementos operativos y sus familias, incluyendo prestaciones en caso de fallecimiento o incapacidad en cumplimiento del deber.