Nahle presenta al Congreso plan para absorber y liquidar deuda bursátil de municipios

La Gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de decreto para liquidar de manera anticipada la deuda bursátil que mantienen 199 municipios desde el año 2008, durante la administración de Fidel Herrera Beltrán.

El proyecto establece que el Gobierno estatal asumirá el 75 por ciento del saldo insoluto de los ayuntamientos y la totalidad de las primas de amortización, pero también estipula la suspensión temporal de los beneficios financieros y la aplicación de medidas de recuperación para los municipios infractores que destinen los ahorros generados a rubros no autorizados.

La propuesta, denominada “Programa Estatal Extraordinario de Saneamiento Financiero para la Liquidación Anticipada de la Deuda Bursátil Municipal y su Sustitución por un Esquema de Menor Costo Financiero”, tiene como objetivo principal extinguir las obligaciones vigentes y eliminar la intermediación bancaria y fiduciaria.

De aprobarse la iniciativa, el Ejecutivo estatal absorberá hasta el 75 por ciento del capital exigible a la fecha de liquidación. Por su parte, los municipios cubrirán el 25 por ciento restante bajo nuevas condiciones. Este porcentaje municipal se pagará mediante descuentos a sus participaciones federales. El documento detalla que la recuperación se hará a través de “mecanismos de compensación automática, periódica y sucesiva sobre las participaciones federales que correspondan a los municipios participantes”.

El nuevo esquema establece el año 2030 como fecha máxima de liquidación, reduciendo el plazo original fijado para 2036, y permite realizar pagos anticipados sin penalizaciones. El Gobierno del Estado argumenta que estas operaciones “no constituirán financiamiento, empréstito, refinanciamiento ni deuda pública adicional a cargo de los municipios adheridos”.

Esquema vigente

El origen de este pasivo corresponde a la emisión de certificados bursátiles autorizada mediante el Decreto 255 el 11 de junio de 2008. La iniciativa expone que el 82 por ciento de la deuda total está referenciada en Unidades de Inversión (UDI), lo que ha provocado un incremento continuo en los montos adeudados a causa de la inflación. “Al momento de la contratación del financiamiento la UDI se ubicaba en $4.17; con datos al 3 de junio de 2026, asciende a $8.84, lo que representa un crecimiento del 112 por ciento en 18 años”.

Las proyecciones oficiales indican que el saldo insoluto de capital a julio de 2026 es de mil 267 millones 625 mil 120 pesos, cifra que supera el monto originalmente contratado. De no liquidarse la deuda y mantener las condiciones actuales hasta su vencimiento en 2036, el costo total para las finanzas municipales alcanzaría “por lo menos $4 mil 839 millones 066 mil 773.00”, equivalente a casi 4 veces el crédito original.

Condicionan destino de los ahorros

El documento remitido al Poder Legislativo informa que el mecanismo cuenta con el consenso unánime de los 199 ayuntamientos participantes, los cuales ya aprobaron los acuerdos mediante actas de Cabildo.

Para acceder a la sustitución de la deuda, el decreto impone restricciones de gasto a las administraciones locales. El artículo séptimo estipula que los ayuntamientos “deberán destinar los ahorros, economías y disponibilidades presupuestarias generadas con motivo de la liquidación anticipada de sus obligaciones bursátiles municipales al financiamiento de inversión pública productiva, infraestructura, equipamiento urbano y fortalecimiento de servicios públicos”.

La Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) será la encargada de verificar la aplicación de los recursos. En caso de detectar que los ahorros se utilizaron para fines no autorizados, la dependencia suspenderá las condiciones preferenciales del programa para el municipio infractor.