No más “despilfarro”: Le recortan dinero a partidos en Veracruz

Con 31 votos a favor; 14 en contra y ninguna abstención, la mayoría de MORENA y diputados de partidos aliados en el Congreso local aprobaron la reforma envida por el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, para reducir en 50 por ciento el financiamiento local destinado a partidos políticos en Veracruz.

La medida se justificó tomando como factores las consecuencias económicas causadas por la pandemia de COVID-19; los desastres naturales que han impactado la entidad y el mal manejo de las finanzas estatales de gobiernos anteriores, lo que obliga a al actual Gobierno estatal a realizar diversas “medidas de austeridad”.

La modificación aprobada modifica el proyecto de presupuesto de egresos para 2022, que seguirá en análisis en la Comisión de Hacienda del Estado.



Durante la discusión del proyecto, la diputada local priista Anilú Ingram Vallines y el diputado panista Miguel Hermida pidieron retirar el punto del orden del día de la sesión, al señalar que las reformas tendrían que realizarse una vez finalizado el proceso electoral, lo cual no ha ocurrido en Veracruz ante las diversas impugnaciones de candidatos.

En la iniciativa enviada por el Ejecutivo, invoca que es potestad del estado determinar el porcentaje destinado a los partidos políticos nacionales que reciban recursos locales, tal como ocurrió en las modificaciones legales aprobadas en los estados de Tabasco y Jalisco.

De esta manera se modificó la fórmula para calcular el monto del financiamiento a partidos políticos nacionales con financiamiento local, para pasar de 65 al 32.5 por ciento del valor de la Unidad de medida y Actualización (UMA) vigente.



Con dicha modificación, se reduce en 176 millones 217 mil 393 pesos el financiamiento público, lo que se reflejaría en la disminución al rubro de Transferencias Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas en el presupuesto del Organismo, para quedar en 212 millones 845 mil 655.02 pesos.

De acuerdo con el dictamen, de esta manera “no hay repercusión financiera” en los servicios personales y demás gastos de operación”.

El dictamen agrega que el recorte significará un impacto presupuestario favorable para las finanzas públicas estatales, lo que permitiría eficientar y reorientar el gasto público, bajo la premisa de atender mayormente las demandas sociales más prioritarias.



El dictamen emitido por la Comisión Permanente de Organización Política y Procesos Electorales determina que las entidades federativas cuentan con libertad de configuración Legislativa, en lo referente al establecimiento de reglas para la determinación del financiamiento público local para las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos nacionales, en términos del artículo 52, párrafo 2, de la Ley General de Partidos Políticos.

Debaten con “regalos”

El diputado del PRI, Marlon Ramírez Marín, señaló que la acción de inconstitucionalidad 241/2020 emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la reforma aprobada por la pasada Legislatura en esta materia, determinó que la Ley no puede ser modificado durante el proceso electoral actual.



Por ello, dijo que sería una mala señal para Veracruz aprobar el decreto enviado por el mandatario a la actual LXVI Legislatura, dado que desde su punto de vista nuevamente los ministros de la Corte “le enmendarán la plana” al Congreso.

“Quisiera llamar a conciencia de los integrantes de esta Legislatura a que una de las primeras reformas que se realicen tenga un atisbo de constitucionalidad (…). No sería una buena señal para Veracruz que esta Legislatura iniciara con una enmienda de la Suprema Corte”.

Insistió en que el proceso electoral no ha concluido, antes bien el Congreso local será convocado para la integración de concejos municipales ante la anulación de los comicios del pasado 6 de junio.



“Debemos atender al 105 de la Constitución, no es posible jurídicamente que este dictamen que se está discutiendo sea aprobado sin que lo enmiende la Corte”, señaló.

En su segunda intervención, el diputado Marlon Ramírez mostró ante sus pares cajas de regalos de diversos tamaños, siendo la más grande la que contenía la cifra del presupuesto del Poder Judicial de Veracruz de más de mil 931 millones de pesos, contra la caja más pequeña del ahorro pretendido con el decreto.

“Decir 389 millones de pesos es caro para la democracia y proponer la reducción de 194 millones de pesos es un interés de confundir la incompetencia con la democracia; los 194 millones de pesos representa el 0.14 por ciento del total del presupuesto; es decir que no representa una erogación significativa que atenten contra el bienestar de los veracruzanos, pero sí atenta contra la posibilidad de ejercer sus derechos políticos”.



En contraparte, dijo que hay dependencias con subejercicio como la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), que tiene un subejercicio que representa 16 veces más el recorte que se ponen.

“La Comisión de Agua del Estado de Veracruz, 7.6 ves más; el DIF 4 veces más; Salud 2.5 veces más; el pago de la deuda pública 41 veces el recorte que se propone”.

El priista además contestó al diputado de Morena, Luis Arturo Santiago Martínez, quien en su intervención en el pleno del Recinto Oficial de Sesiones acusó que los lideres de partidos se quedan con los recursos que se entregan.



“Mi compañero que aludió a dirigentes de partidos políticos, yo lo soy y no me he quedado con un peso”, afirmó, advirtiendo: “Como los veo me vi y como me ven se verán”.

Por su parte, la diputada por Movimiento Ciudadano, Ruth Callejas Roldán, planteó que el decreto es una simulación del Gobierno del estado, dado que el partido del que emana el Gobernador; es decir MORENA, será el que más recursos reciba por prerrogativas durante el 2022.

Señaló que contraviene la Ley General de Partidos Políticos que advierte que en las entidades con financiamiento local para partidos políticos nacionales, la leyes no podrán establecer limitaciones al financiamiento.



“El decreto tiene dos claros propósitos, primero hacer una simulación de austeridad ante opinión pública y se extienda el ámbito a partidos politices nacionales (…) MORENA en el 2022 será el partido político que reciba más prerrogativas tanto locales como federales”.

La legisladora dijo que por ello el decreto es una simulación más, y que lo ideal sería eliminar el financiamiento público a todos los partidos políticos, así tendrían “el piso parejo”.

“Proponemos que los partidos no reciban ningún financiamiento público, sin que se sostengan con apoyo de militantes y simpatizantes (…) La reforma no atiende de fondo la discusión sobre los esquemas de financiamiento a los partidos, ni presenta una solución a largo plazo para reducir encostó de la democracia”.



Al hacer uso de la voz, el diputado panista Enrique Cambranis Torres pidió que la discusión de este decreto se hiciera en enero próximo, una vez que se “salvara” el tiempo del proceso electoral local. Y recordó que, en la pasada Legislatura, de la que también fue parte, se cometieron errores que en esta se deben evitar.

“Es importante cuidar los procedimientos porque en la Legislatura pasada cometimos errores que debemos evitar en esta. Pedimos que el debate se lleve para enero cuando salimos de este problema de inconstitucionalidad que tenemos ahora”.

Además, indicó que la iniciativa enviada por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez se trata de una “ocurrencia disfrazada de buenas intenciones” y que la pretensión es mermar a los partidos de oposición y dar paso a la centralización de la democracia a manos de un solo grupo.



“Es un mecanismo utilizado por el partido mayoritario y el Ejecutivo estatal para intentar asfixiar el sistema de partidos políticos y por tanto a toda oposición”, opinó.

El panista acusó a MORENA de usar “cada recurso del país” para autoabastecer su movimiento y que tal vez por eso no necesitan financiamiento; añadió que el decreto rompe el principio de equidad y resulta antidemocrático, recordando a lo que pasaba en el país en la década 70 y 80.

“Si la intención es reducir financiamiento público se debe calcular la asignación de los recursos, pues hoy se calcula al número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral multiplicado por el 65 por ciento de la UMA y el resultado se distribuye el 30 por ciento de manera equitativa y el 70 con base en la votación; en lugar de eso se debe tomar como la principal variable el número de personas que emitieron su voto”.



Al fijar el posicionamiento de MORENA, el diputado Luis Arturo Santiago Martínez acusó a la oposición de ser hipócritas y andar “como sepulcros y lamentos”. Recordó que sus partidos no votaron a favor del aumento de las pensiones de adultos mayores y de las becas para estudiantes y aprobaron la reforma energética.

“Hay que quitarse las máscaras, que ya no sean hipócritas, ahorita están deambulando como sepulcros y lamentos”.

Dijo que la reforma representa un genuino compromiso por la lucha contra los excesos y privilegios derivados del derroche de recursos públicos que fue insultante.



“Los partidos políticos dejarían de recibir las cantidades exorbitantes que por concepto de financiamiento público se les otorga anualmente, dinero que en la mayor parte de las ocasiones nunca llegan a sus militantes y candidatos. Pregunten a los candidatos cuándo les llegó el recurso, no les llegó, se lo quedan los dirigentes. Estamos a favor de la democracia, pero no a favor de la partidocracia, estamos a favor del pueblo, pero no a favor de los dirigentes o líderes”.

El legislador señaló que la reducción del financiamiento ayudaría a realizar más obras, mejores servicios a todas regiones de la entidad, con el énfasis de los que menos tienen.

“No hay que simular, no hay que engañar, mentir y traicionar al pueblo como otros lo han hecho. Fueron muchos años de exigencia ciudadana para terminar con el despilfarro de recursos, misma que comprendía el financiamiento público a partidos”.



Y azuzó que la forma de votar definiría de qué lado están los diputados: “A quién nos debemos, de qué estamos hecho y de qué lado estamos, si a favor del dinero o a favor del pueblo y de los intereses, necesidades, clamor de justicia hambre que tiene o solo por mantener a un puñado de dirigentes”.

Al hacer uso de la voz, el panista David Miguel Hermida criticó a su homólogo, Luis Arturo Santiago Martínez, a quien le dijo que, si tiene algo en contra de diputados federales por votar en contra de iniciativas de MORENA “vaya y se los reclame”.

“Escuchamos durante más de 5 minutos al diputado esgrimir asuntos que yo desconozco, yo jamás he votado en contra de ningún problema social, vaya y reclámele a los diputados federales”.



Sobre el decreto, advirtió a los legisladores morenistas “nada garantiza la perpetuidad en el poder” y que esta misma reforma podría ir en su contra tarde o temprano.

“No los deja ver la posibilidad de que la reforma obre en su contra en un futuro. El gobierno retoma en su exposición de motivos que la Corte dijo que las legislaturas estatales están facultadas para regular el financiamiento público local de los partidos nacionales y celebro eso; no obstante, la Suprema Corte también dijo que se debe garantizar que los partidos reciban dicho financiamiento de manera equitativa para sus actividades ordinarias y durante proceso electorales”.

Por su parte, el panista Jaime de la Garza Martínez señaló a los morenistas de usar la Constitución Política del país y del estado como “pisapapeles”.



“Pareciera que hay dos libros solo algunas personas de este recinto quieren usar como pisapapeles la Constitución Policía de los Estados Unidos Medianos y la Constitución Política de Veracruz, porque ya mostramos que no debía constituir; están en su papel de juez y mártir, son más que obvios sus eternos argumentos”.

Dijo que el recorte que proponen es mínimo y en cambio reduce la iniciativa a “demagogia pura”, pues aseguro que el ahorro de 176 millones de pesos va en contra del aumento de más de 4 mil millones de pesos que se pretende aumentar al gasto corriente de la administración pública estatal en 2022.