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Sección: Estado de Veracruz

Corrigen a Portilla

Nuevo Informe de Cuenta Pública 2018 señala a más municipios por anomalías

- La nueva revisión del ORFIS baja el presunto daño patrimonial de 329 a 300 mdp

- No obstante, aumenta de 125 a 131 el número de Ayuntamientos con observaciones

- Resultados discrepan con Informe que entregó el hoy exauditor Lorenzo Portilla

Javier Salas Hernández Xalapa, Ver. 29/01/2020

alcalorpolitico.com

El nuevo resultado de la fiscalización de las Cuentas Públicas 2018 de los 212 ayuntamientos de Veracruz disminuyó el presunto daño patrimonial a 300 millones 182 mil 8 pesos, pero se incrementó a 131 los municipios observados, es decir, 6 municipios más con quebranto en sus Haciendas Públicas.

Cabe recordar que en el informe que no aprobó el Congreso del Estado y que el 25 de septiembre de 2019 presentó el ahora exauditor del Órgano de Fiscalización Superior, Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, el presunto quebranto financiero era por 329 millones 294 mil 367.91 pesos en 125 ayuntamientos.

Ahora, el ORFIS al hacer una nueva revisión determinó que de los 131 Municipios y 1 Entidad Paramunicipal (1 Organismo de Agua) las aclaraciones y documentación justificatoria y comprobatoria presentadas, no fueron suficientes para solventar las observaciones que hacen presumir una falta administrativa y/o la existencia de presunto daño patrimonial a la Hacienda Pública Municipal, respecto de la gestión financiera.



Entre los municipios que fueron observados con daño patrimonial en esta nueva valoración y que no tuvieron observaciones en el primer informe figuran Acayucan con 342 mil 345.39 pesos; Benito Juárez con 78 mil 190.01 pesos y Boca del Río con 168 mil 227.40 pesos.

Mientras que Catemaco que estaba observado con un presunto daño patrimonial por 3 millones 43 mil 929.67 pesos, puedo solventar en su totalidad.

El municipio de Veracruz que preside Fernando Yunes Márquez se mantiene con presunto daño patrimonial, pero el monto disminuyó. En el primer informe tenía una observación por 16 millones 363 mil 101.73 pesos y ahora el presunto daño patrimonial es por 13 millones 339 mil 877.07 pesos.



En Actopan, en donde se está interviniendo la Tesorería y hay solicitudes de juicio político en contra del alcalde y el síndico, el daño patrimonial persiste con el mismo monto de 10 millones 435 mil 524.98 pesos.

En el municipio de Tantima, el presunto daño patrimonial era de 1 millón 380 mil pesos y ahora es por 300 mil pesos; en Coatzacoalcos el presunto daño era de 4 millones 273 mil 590.64 pesos y ahora es por 439 mil 374.69 pesos.

En el ayuntamiento independiente de Tlacotalpan el daño señalado inicialmente era de 3 millones 331 mil 871.90 pesos 705 mil pesos; ahora es por 300 mil pesos.



Además, observó que existe la presunción de que los servidores públicos y en su caso los ex servidores públicos cometieron probables irregularidades o posibles conductas ilícitas en el manejo de los recursos públicos municipales, que hacen presumible la existencia de presunto daño patrimonial a sus haciendas públicas; entre las inconsistencias más relevantes destacan las siguientes:

En las observaciones Financieras/Presupuestales hay irregularidades como anticipos a sueldos y salarios, así como de obra pública no amortizados y/o recuperados; traspasos de recursos entre fondos no reintegrados a sus cuentas bancarias de origen; saldos de deudores diversos cancelados sin evidencia documental y erogaciones sin comprobación documental.

Así como erogaciones y/o donativos sin evidencia de que hayan sido recibidas por los beneficiarios; erogaciones comprobadas con documentos que no cumplen con los requisitos de autenticidad; adquisiciones de bienes o servicios sin observancia a la normativa aplicable; falta de enteros de obligaciones fiscales a las instancias competentes en la materia y subejercicio de recursos de programas y/o fondos federales.



Entre las observaciones técnicas a la obra pública se señalan deficiente supervisión de los responsables en la ejecución de los trabajos; obras que se ejecutan sin contar con factibilidad y validación de proyectos de las dependencias normativas; falta de documentación comprobatoria del gasto que se reportó como pagado; falta de expedientes técnicos unitarios de obras y servicios; volúmenes de obra pública pagados no ejecutados; obras no ejecutadas; obras ejecutadas de forma irregular; obras sin operar y ejecutadas sin cumplir con las reglas del Programa.