OPLE causó conflicto por Presidencia del Poder Judicial: Foro Liberal de Abogados

El Instituto Nacional Electoral (INE) debe llamar a cuentas a los 7 consejeros del Organismo Público Local Electoral (OPLE) por haber violentado la certeza, la legalidad, la independencia, la imparcialidad, la objetividad y la máxima publicidad, principios rectores del Proceso Electoral Local y el Extraordinario 2024-2025, que renovó las 212 presidencias municipales y la elección de los 98 cargos del Poder Judicial de Veracruz.

La actuación de los consejeros, ocultando información, pone en duda la certeza y legalidad de los resultados de la elección de ayuntamientos y de juzgadores locales, declaró el presidente del Foro Liberal de Abogados de Veracruz, Roberto Rodríguez Cruz, quien sostuvo que ambos procesos han sido los más desaseados de la historia de la entidad, en la que los consejeros minimizaron los graves problemas que la ciudadanía vio.

Señaló que hay elementos suficientes para que se llame a cuentas a los consejero, se les destituya y se les finque responsabilidad por la organización y desarrollo de 2 procesos electorales amañados y los más sucios de la historia”.



Los elementos, agregó, sobran, una violencia sistematizada que llegó al asesinato de 2 personas candidatas a presidentes municipales, atentados en contra de 2 candidatas, toma de consejos municipales, quema y perdida de paquetería electoral, la caída del sistema para el cómputo de la elección judicial y lo peor, dijo, ocultar que había designado a la magistrada electa Rosalba Hernández Hernández como presidenta del Tribunal Superior de Justicia.

Aseveró que los integrantes de la mal llamada “herradura de la democracia” evidenciaron su falta de capacidad para el diseño de un plan emergente de contingencias. Es decir, un conjunto de procedimientos y acciones para responder eficazmente a eventos inesperados o situaciones de crisis que puedan afectar negativamente a una organización, empresa o proyecto.

El objetivo principal es minimizar el impacto de estos eventos, mantener la continuidad de las operaciones, asegurar la recuperación y la credibilidad después de la crisis.



Rodríguez Cruz expuso que no se debe permitir que los consejeros hayan provocado una pugna innecesaria por la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia, entre 2 magistradas electas.

“Si en el Acuerdo que la noche de ayer (jueves) se dio a conocer, ya se había definido la asignación de la Presidencia del Tribunal, ¿por qué la misma noche del pasado lunes sólo se entregaron las constancias de mayoría a las candidaturas con el mayor número de voto y se ocultó que la Presidencia ya estaba definida?”

Por ser litigante, dijo, estuvo atento al desarrollo del proceso electoral judicial y jamás leyó, hasta ayer, un acuerdo o una notificación de que la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia ya estaba asignada.



“Si las 2 magistradas electas (Rosalba Hernández y Luz María López) hubieran sabido de ese acuerdo, no veo la razón de que hayan salido a declarar pidiendo cumplimiento a la Ley. Incluso, nadie sabía, pues hasta los diputados locales pidieron al OPLE definir esa situación”.

Señaló que hay elementos suficientes para que se llame a cuentas a los consejeros, se les destituya y se les finque responsabilidad por la organización y desarrollo de 2 procesos electorales amañados y los más sucios de la historia”.