ORFIS procede contra yunismo ante anomalías por más de 91 mil mdp

El auditor general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, presentó cuatro denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de la administración estatal que presidió Miguel Ángel Yunes Linares por anomalías con 91 mil millones de pesos en el ejercicio fiscal 2017 y parte del 2018.

Al afirmar que “los culpables estarán ante el Ministerio Público”, Portilla Vásquez aseguró que las denuncias están sustentadas y documentadas, toda vez que hay irregularidades en el Sistema de Videovigilancia por 1 mil 116 millones de pesos y en la Cuenta Pública Consolidada 2017 por 18.6 mil millones de pesos, 62.6 mil millones de pesos y 8.8 mil millones de pesos.

Portilla Vásquez detalló que la primera denuncia es por irregularidades en la concesión del Sistema de Videovigilancia, toda vez que el sistema opera de manera deficiente y fue concesionado por mil 116 millones de pesos, que fueron recursos federales y estatales.

Señaló que la auditoría al Sistema concluyó hace 10 días y fue realizada por mandato del Congreso del Estado.

Las revisiones físicas se realizaron en las regiones de Pánuco, Poza Rica, Xalapa, Veracruz, Córdoba y Coatzacoalcos, luego de que la pasada administración estatal asegurara que las más de 6 mil 473 cámaras estaban instaladas y operando al 100%.

Sin embargo, en la auditoría a la Secretaría de Seguridad Pública, se comprobó que el servicio es ineficiente y no están funcionando, por lo que hay una contradicción.

“El Sistema Estatal de Videovigilancia no cumple con los objetivos por los cuales fue contratado. Tampoco tienen la calidad del video que decía en el contrato, graban, pero no con calidad. Pueden detectar un vehículo, pero no detecta las placas de circulación, ni el modelo”.

Las otras tres denuncias, según detallaría el ORFIS en comunicado, se presentaron por “la manipulación y simulación de los registros contables” en la Cuenta Pública 2017.

Así, tras dar seguimiento a las observaciones señaladas en el Informe General del Resultado de la Fiscalización Superior en materia de Deuda Pública y Disciplina Financiera Cuenta Pública 2017, se advirtió que la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) “efectuó reclasificaciones de los fondos de reserva y de los fideicomisos de los créditos liquidados por el refinanciamiento de la Deuda Pública del Gobierno del Estado de Veracruz a cuentas de orden, derivado de que presentaban cantidades que no eran reales”

De acuerdo al Órgano de Fiscalización, esto hace presumir que los registros contables que dieron origen a la reclasificación no se realizaron en la forma y términos que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Esta situación se detalla en la segunda denuncia presentada.

Asimismo, la tercera denuncia deriva de otra reclasificación que hizo SEFIPLAN y que generó un saldo en el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2017 en la cuenta 11295-5000-0000 “Deudores Sujetos a Resolución Judicial por Cuentas Bancarias” por 62 mil 662 millones 292 mil 684.87 pesos.

Esto, “sin que durante el procedimiento de revisión los ex servidores públicos responsables de tales registros, hubieran presentado la documentación soporte para su debida acreditación, de lo que resulta evidente la manipulación y simulación de los registros contables”.

La cuarta denuncia, también por la manipulación de los registros contables, se interpuso debido a que el ORFIS detectó cancelaciones en la cuenta “7119-0000-0000 Operaciones en Proceso de Aprobación”, subcuenta “7119-0002-0000 Cuentas por Liquidar”, por un monto de 18 mil 650 millones 565 mil 080.04 pesos.

“Que al cierre del ejercicio 2015 era por la cantidad de $44,922,603,864.00 (Cuarenta y cuatro mil novecientos veintidós millones seiscientos tres mil ochocientos sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.); pretendiendo justificar los ex servidores públicos de la SEFIPLAN dicha disminución con dos Actas Circunstanciadas números SFP/004/2017 y SFP/005/2017 de fechas 6 y 8 de noviembre de 2017, instrumentadas por personal de dicha Secretaría y de la Contraloría General del Estado, respectivamente, sin la validación de los titulares de dichas dependencias”.