ORFIS solo ha denunciado por daño patrimonial a gobiernos de Duarte y Yunes Linares

El Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) solo ha presentado denuncias penales por daño patrimonial en contra de los Gobiernos de Javier Duarte de Ochoa y Miguel Ángel Yunes Linares.

De acuerdo con el reporte del ente fiscalizador, la administración estatal duartista tiene 57 denuncias penales por daño patrimonial superior a los 32 mil 400 millones de pesos detectado en 4 ejercicios fiscales: 2012, 2013, 2015 y 2016. En los últimos dos años se gestó el peor saqueo en toda la historia de Veracruz.

Y la administración panista de Miguel Ángel Yunes Linares tiene 15 denuncias penales por un daño patrimonial de 1 mil 660 millones 609 mil 617 pesos en los ejercicios fiscales 2017 y 2018.



Mientras que el Gobierno que presidió Fidel Herrera Beltrán no tiene ninguna denuncia penal.

Por los ejercicios fiscales de Javier Duarte de Ochoa 2012 y 2013 se presentaron dos denuncias penales por daño patrimonial de 477 millones 317 mil 292 pesos en el Fideicomiso Túnel Sumergido.

En el ejercicio fiscal 2015 fueron 24 denuncias penales por un saqueo de 22 mil 37 millones 514 mil 733 pesos; y en el ejercicio fiscal 2016 fueron 31 denuncias por un daño patrimonial de 8 mil 898 millones 534 mil 744 pesos.



Las denuncias en contra del gobierno de Duarte de Ochoa se presentaron en lo que fue la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción Cometidos por Servidores Públicos y en la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales.

Asimismo, en el primer año del bienio yunista (2017) se presentaron 14 denuncias penales por daño patrimonial de 593 millones 581 mil 896 pesos y en el 2018 son, hasta el momento, 2 denuncias penales por un daño patrimonial de 1 mil 67 millones 27 mil 721 pesos.

Cabe mencionar que una denuncia fue presentada ante la Fiscalía Nacional Anticorrupción de la Fiscalía General de la República en contra de la Secretaría de Seguridad Pública por un daño patrimonial de 1 mil 44 millones 523 mil 721 pesos, a consecuencia de las irregularidades en el Sistema Estatal de Videovigilancia.



El resto de las denuncias se han presentado ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Veracruz.