Las organizaciones que representaron a las víctimas del caso de doña Ernestina Ascencio Rosario, esto ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pidieron que el Estado Mexicano proponga una hoja de ruta para el cumplimiento pleno de la sentencia, lo cual le brinda la oportunidad de honrar la palabra empeñada al declarar el 2025, “Año de las Mujeres indígenas”, cumpliéndola a cabalidad y sin mayor dilación.
Estas organizaciones son: Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos (AJDH), el Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara A.C. (CESEM), Kalli Luz Marina A.C., la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (CONAMI), el Robert and Ethel Kennedy Human Rights Center y el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos.
A través de un comunicado se pronunciaron luego de la sentencia que diera la CIDH y aseveraron que celebran esta determinación junto con los familiares de la víctima.
“La decisión de la Corte IDH en el caso de doña Ernestina Ascencio Rosario, permitirá abordar las múltiples barreras que enfrentan las mujeres indígenas en el acceso a la justicia frente a la violencia y discriminación por razones de etnia, género y exclusión económica, al declarar que las violaciones perpetradas por el Estado en perjuicio de las víctimas, fueron resultado de la violencia institucional, la discriminación estructural y la violación del derecho a la verdad”.
Resaltaron que tras 19 años de impunidad tras la violación sexual, tortura y muerte de doña Ernestina Ascencio Rosario, mujer indígena nahua monolingüe de 73 años, agredida en febrero de 2007 por miembros del Ejército Mexicano en la Sierra de Zongolica, se habla de justicia. Se congratularon porque la Corte determinó que el Estado incurrió en violencia institucional en perjuicio de la señora y de sus familiares.
“Esta manera de abordar y analizar la actuación del Estado ofrece a las fiscalías y a quienes imparten justicia una metodología para asegurar una actuación en el marco de las garantías del debido proceso y la protección judicial centrada en los derechos de las víctimas y las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan por razones étnicas, de género y cualquier otro factor de discriminación”.
En consecuencia, dijeron en su comunicado, la Corte ordenó al Estado, entre otras medidas de reparación, realizar una investigación penal exhaustiva y seria en un plazo razonable, de la violación, tortura y muerte de doña Ernestina, que derive en la sanción de los responsables.
Por eso externaron que como representantes de las víctimas consideran que la jurisprudencia emitida por la Corte en este caso será una herramienta fundamental en la lucha contra el racismo estructural, que como en el presente caso se manifiesta con la discriminación racial que enfrentan las mujeres indígenas y otros sectores históricamente discriminados que buscan protección judicial frente a las violencias ejercidas en su contra.