Para justicia federal, delincuentes salen libres por fallas de Fiscalía de Veracruz

El Poder Judicial de Veracruz alerta por la salida de prisión presuntos secuestradores, pederastas y homicidas a través de cambios de medidas cautelares ordenados en suspensiones provisionales por parte de la justicia federal. Sin embargo, jueces federales sustentan dichos beneficios en supuestas omisiones por parte de la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con el expediente del amparo concedido a David “N” y Miguel Ángel “N”, quienes fueron vinculados a proceso por secuestro agravado en el proceso 23/2020, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal determinó que el organismo autónomo no sustentó la necesidad de mantenerlos en prisión preventiva.

Los presuntos secuestradores se ampararon para la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Aunque inicialmente se negó el cese de ésta, luego de que se rebasó el plazo relativo de dos años, los magistrados María Elena Leguízamo Ferrer, José Saturnino Suero Alva y Antonio Soto Martínez terminaron amparándolos por omisiones de la Fiscalía.



David y Miguel Ángel “N” se encontraban privados de su libertad en las instalaciones del CERESO de Tuxpan y la Fiscalía intentó mantenerlos con dicha medida cautelar por 7 meses más, aunque ya se había superado o rebasado el plazo relativo a la prisión preventiva oficiosa dentro de los autos del proceso penal.

Hay que señalar que el delito que se imputa a los presuntos responsables tiene una penalidad mínima de 40 años de prisión, lo que constituye un factor que eleva el riesgo de sustracción o de que los acusados se den a la fuga, sin embargo, el amparo se les concedió por una mala argumentación del organismo dirigido por Verónica Hernández Giadáns.

De acuerdo con el Segundo Tribunal Colegiado, la defensa legal de David “N” y Miguel Ángel “N”, acreditó que sus clientes fueron detenidos desde el mes de julio de 2020 y hasta la fecha de celebración de la audiencia de revisión de medida cautelar, - el 7 de julio de 2022-, aún no se había llevado a cabo la celebración de la audiencia intermedia en el procedimiento penal, por lo que el juicio de amparo no obstaculizó el desarrollo del proceso penal.



El órgano jurisdiccional destacó que en caso de que el plazo de duración de la prisión preventiva oficiosa tenga que prolongarse, esta decisión deberá estar sujeta “a un escrutinio elevado en justificación”, que evitará que esta medida cautelar se extienda innecesariamente al tomar en cuenta la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades.

“Por tanto, resulta evidente que dicho Fiscal no argumentó y menos aún acreditó en manera alguna, los tres elementos que, de conformidad con los estándares internacionales y los precedentes emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debió demostrar para prolongar su aplicación (de la prisión preventiva).

“En ese contexto, toda vez que, por las razones explicadas en esta sentencia, el acto reclamado viola derechos fundamentales, en términos del precepto 77 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede REVOCAR la sentencia sujeta a revisión y CONCEDER el amparo y la protección de la Justicia Federal”, determinó el Tribunal Colegiado, corrigiendo al juez federal que inicialmente negó el amparo a los quejosos.



Gracias a dicha protección, David y Miguel Ángel “N”, relacionados a secuestros en la zona norte de Veracruz, pueden dejar la prisión.

Alerta en Veracruz

Este lunes 7 de agosto, la presidenta del Poder Judicial de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, advirtió que homicidas, pederastas y secuestradores, como el caso señalado, están logrando salir de prisión gracias a suspensiones provisionales, por lo que realizó un extrañamiento institucional.



En entrevista, añadió que las autoridades jurisdiccionales federales otorgan los cambios de medidas cautelares a través de "machotes" en los que ni siquiera se menciona la gravedad de los delitos presuntamente cometidos por los detenidos, agregando que en 10 días hábiles esto ha favorecido a 30 presuntos responsables de delitos graves.