Pasada Legislatura intentó desaparecer daño patrimonial a Cuenta Pública 2017

Durante la revisión del Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2017, los ex diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia de la 64 Legislatura de Veracruz quitaron 326 millones 384 mil 433.11 pesos de daño patrimonial en 43 ayuntamientos, lo que derivó en una denuncia que tiene abierta el Órgano Interno de Control del Poder Legislativo.

También quitaron observaciones que pudieron constituir fallas administrativas graves en entes estatales, como fue en la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), en donde se detectó la entrega de contratos irregulares de obra pública a empresas del dirigente estatal del PAN, José de Jesús Mancha Alarcón.

Cabe recordar que en los Informes Ejecutivo e Individuales de la Cuenta Pública 2017, el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) observó en 153 municipios un presunto daño patrimonial 1,102 millones 373 mil 460.26 pesos.



Sin embargo, durante la revisión y análisis de los documentos presentados por los entes observados; así como los argumentos planteados por los servidores y exservidores públicos de 43 municipios, los exdiputados locales de la Comisión Permanente de Vigilancia estimaron procedente la solventación en su totalidad de las observaciones de presunto daño patrimonial que les fueron determinadas por el ORFIS.

Por lo que, acordando por mayoría dar por solventada las observación y por ende, el probable daño patrimonial.

Con ello, el daño patrimonial en 153 municipios por 1,102 millones 373 mil 460.26 pesos, quedó en 775 millones 989 mil 27.15 pesos en sólo 110 municipios.



Entre los municipios que solventaron el presunto daño patrimonial ante la Comisión de Vigilancia, y no ante el ORFIS, figuran:

Camerino Z. Mendoza, José Azueta, La Perla, Mixtla de Altamirano, Zacualpan, Ayahualulco, Cosoleacaque, Mecatlán, Miahuatlán, Alpatláhuac, Altotonga, Comapa, Huatusco, Jalacingo, Moloacán, Naranjos Amatlán, Otatitlán, Paso de Ovejas, Tenochtitlán, Apazapan, Ixmatlahuacan, Chocamán, Gutiérrez Zamora, Ixhuacán de los Reyes, Ixhuatlán del Café, Tepetzintla, Juchique de Ferrer, Perote, Tamiahua, Xico, Álamo Temapache, Coyutla, Filomeno Mata, Las Minas, Tenampa, Xoxocotla, y Chiconquiaco.

Los ayuntamientos que intentaron solventar, pero sólo lo hicieron parcialmente, por lo que quedaron con daño patrimonial fueron Tlachichilco, Acayucan, Carlos A. Carrillo, Úrsulo Galván, Atlahuilco, Chalma, Poza Rica de Hidalgo, Santiago Sochiapan, Soteapan, Tamalín Tlacolulan, Actopan, Amatlán de los Reyes, Atzacan, Atzalan, Banderilla, Benito Juárez, Castillo de Teayo, Catemaco, Coatepec, Córdoba, Chicontepec, Misantla, Pueblo Viejo, San Rafael, Tierra Blanca y Xalapa.



En ese sentido, el ORFIS, en el Informe de Seguimiento correspondiente a la Cuenta Pública 2017, precisó que en 45 Entes Fiscalizables no se aperturó la investigación respectiva, en virtud de la modificación que llevó a cabo el Congreso de la LXIV Legislatura del Estado, a los Informes Individuales de los mismos.

Lo anterior, en razón de que la Contraloría Interna del Poder Legislativo tiene abierto un procedimiento en el que se está a la espera de los resultados, los cuales serán puestos a consideración del Congreso del Estado quien determinará lo conducente, en relación con las observaciones que fueron solventadas en su totalidad ante la Comisión de Vigilancia.