Persiste impunidad en desapariciones forzadas en Veracruz durante duartismo: IDHEAS

Al conmemorarse 12 años de las desapariciones forzadas en la colonia Formando Hogar, en el puerto de Veracruz, “no existen avances en las investigaciones” denunció el despacho de litigio estratégico IDHEAS.

“A pesar de los 12 años transcurridos y de que las familias han aportado información clave para identificar a algunos responsables, las investigaciones continúan sin avances. La impunidad persiste, pero también persiste la exigencia de sus familias” publicó IDHEAS en sus redes sociales.

En el post, la agrupación refirió que en los hechos participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz durante la administración de Javier Duarte de Ochoa.



De acuerdo con la agrupación de litigio estratégico IDHEAS, entre los días 6 y 11 de diciembre de ese año se desplegaron operativos conjuntos en un área reducida de dicha colonia, en los que participaron elementos de la entonces Agencia Veracruzana de Investigación, policías estatales y personal de la Secretaría de Marina.

Las detenciones, según relatan los familiares, fueron colectivas, previamente planeadas y ejecutadas sin órdenes judiciales y hasta la fecha ninguna ha sido esclarecida.

Testimonios recabados por las familias refieren que los jóvenes fueron vistos con vida en instalaciones policiales y que los elementos participantes portaban fotografías y descripciones detalladas de las personas que buscaban. Algunos testigos han denunciado amenazas tras proporcionar información sobre lo ocurrido.



Entre los casos documentados se encuentra el de Ricardo Adrián García Cruz, desaparecido el 9 de diciembre de 2013 cuando se encontraba en su centro de trabajo, de donde fue privado de la libertad junto con David Salas Ariel por hombres armados que se identificaron como policías estatales y navales.

Su madre, Velia Aurora García Cruz, denunció una investigación deficiente y obtuvo en 2020 una sentencia de amparo que ordenó a la Fiscalía permitir el acceso al expediente y al plan de investigación, resolución que fue considerada un precedente para familiares de personas desaparecidas en Veracruz.

El 6 de diciembre de 2013 también desaparecieron Pablo Darío Miguel Hernández, José Armando Cortés Arrioja y José Ignacio Cruz González, quienes salieron de sus domicilios la noche en que se instaló el operativo denominado “Veracruz Seguro” y no regresaron.



Sus familias enfrentaron obstáculos para presentar denuncias, ya que las oficinas ministeriales permanecieron cerradas durante el fin de semana y posteriormente se les exigió esperar 72 horas para iniciar los trámites.

El 11 de diciembre de ese mismo año, Yonathan Isaac Mendoza Berrospe fue detenido por policías federales y municipales que ingresaron sin orden judicial a su domicilio. Su madre, Angélica María Berrospe Medina, ha sostenido que su hijo fue sacado por la fuerza frente a ella y trasladado en un convoy policial.

En mayo de 2023, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU emitió un dictamen en el que concluyó que el Estado Mexicano fue responsable de la desaparición forzada de Yonathan, señalando la participación de la Secretaría de Marina y policías estatales, así como graves omisiones de las fiscalías federal y estatal.



Ese mismo día también fueron desaparecidos Víctor Álvarez Damián, de 16 años, y Marco Antonio Ramírez Hernández, ambos durante operativos en los que, según testigos, participaron hombres armados en camionetas oficiales o sin identificación visible. En el caso de Víctor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió en 2021 un amparo promovido por IDHEAS, en el que reconoció el carácter obligatorio de las acciones urgentes emitidas por la ONU en materia de desaparición forzada.

A más de una década de los hechos, las familias denuncian que no hay personas detenidas, que no se han agotado líneas de investigación básicas y que persiste un contexto de impunidad. IDHEAS sostiene que estos casos evidencian un patrón de desaparición forzada cometido durante operativos de seguridad en Veracruz, así como la falta de voluntad institucional para esclarecerlos, sancionar a los responsables y garantizar verdad y justicia a las víctimas.