Pese a “trastorno mental”, Fiscalía mantuvo presa a joven que abortó

Diana Patricia, quien estuvo presa por aborto espontáneo ocurrido en mayo pasado, podría tener una discapacidad mental, por lo que era inimputable; aun así, fue detenida y acusada de homicidio por la Fiscalía General del Estado (FGE), apenas obteniendo su libertad el pasado martes por orden de un Juez de Control.

A decir de la titular de la FGE, Verónica Hernández Giadiáns, la joven originaria de Oluta fue detenida porque se consideraba presuntamente responsable de un delito, no obstante, su abogado solicitó una audiencia incidental para solicitar el sobreseimiento del caso.

Hernández Giadans aceptó que por parte de la defensa y Fiscalía se hicieron los dictámenes periciales que consideraron que ella era inimputable.



“Se solicitó al Juez que autorizara una valoración psiquiátrica para determinar el trastorno mental que tiene y se contaron con los elementos suficientes para determinar que es inimputable y está por definirse la causa”, dijo durante entrevista.

Y es que la defensa presentó un dictamen pericial en donde se definió que ella tenía un trastorno mental, por lo que corresponde a un psiquiatra determinarlo y el Juez autorizará ese estudio.

Al cuestionar a la Fiscal sobre la detención de la mujer por un aborto espontáneo, cuando por su discapacidad era inimputable e incluso se mencionaba que sufría violencia, dijo que esto aún no se ha aclarado.



“No se ha determinado que ella sufría violencia, en el momento en que fue detenida su defensa no permitió que ella fuera valorada, afortunadamente el día que fue la audiencia se permitió la valoración porque uno no puede proceder si no hay el consentimiento del abogado defensor o del presunto responsable”, dijo.

Lo importante, dijo, es que ella está en libertad y que se actuó con perspectiva de género.

Sin embargo, desde el mes de mayo Diana Patricia permaneció en prisión acusada de homicidio y obtuvo su libertad apenas hace unos días, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció como criterio obligatorio para todos los jueces del país que es inconstitucional criminalizar a una mujer por el hecho de decidir sobre la terminación de su embarazo.