Piden eficacia en padrón de concesionarios y choferes de transporte público

Con la puesta en marcha del Programa de Reordenamiento del Transporte Público, luego de la publicación del decreto correspondiente, se dará certeza jurídica a todos los que laboran en este sector; llámese concesionarios, permisionarios y choferes, pero es necesario que la autoridad deslinde sus responsabilidades.

Esto lo aseguró el presidente de la Organización de Trabajadores Transportistas del Estado de Veracruz (OTTEV), Víctor Murueta Fernández, quien estableció que la conformación del padrón de concesionarios y choferes sea real y confiable, para que se dé esa separación de responsabilidades.

Recordó que en la administración anterior, la Dirección General de Transporte Público inició la integración del Registro Estatal de Concesionarios y Conductores (RECC), pero no cumplió con las expectativas que se habían cifrado.



Ahora, con el nuevo RECC, comentó que esperan sí funcione de verdad pues es de suma importancia hacer una separación de las responsabilidades del concesionario y del chofer.

“Eso me parece muy oportuno, porque hay infracciones graves que son cometidas por imprudencia del chofer y no es posible que se quiera castigar a un concesionario, cuando la responsabilidad total es del chofer”, abundó.

Además, indicó que la autoridad, al emitir la licencia de manejo respectiva a quien la solicita o la refrende, debe otorgarle un curso de capacitación y explicarle la responsabilidad que adquiere al momento de solicitar emplearse como chofer de un taxi o de un servicio urbano y suburbano.



“Nosotros, para contratar a un chofer el único requisito que pedimos es que tenga licencia; cuando se presenta un chofer con licencia totalmente legal, acreditada, trae aparejada un curso de capacitación, nosotros no sabemos si los choferes se dedican o andan en la delincuencia organizada o andan con los malosos”, puntualizó.

El dirigente transportista destacó que en el decreto se establece que en la prestación del servicio público, el vehículo que sea utilizado en la comisión de un delito contra la salud y delincuencia organizada; sin embargo, de una manera muy general, y por lo tanto, debe acreditarse la responsabilidad penal del concesionario, ya sea de carácter intencional o por encubrimiento.

Señaló que en dicho caso, hay que interpretar la ley; entonces tendrían que defenderse (los concesionarios), buscar la manera de crear un contrato y delimitar cláusulas al chofer a fin de deslindar la responsabilidad que se pudiera tener.



Señaló que uno de los aportes del sistema anterior, es que hubiera una base de datos en la que pudiera conocerse la situación administrativa de los conductores.