Por medio de una iniciativa de decreto ante el Congreso del Estado, la diputada Anilú Ingram Vallines propuso la creación de un Registro de Personas Agresoras Sexuales para proteger los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes contra dicha forma de violencia.
Dicho registro lo impulsará el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y las Niñas en conjunto con la Fiscalía General del Estado (FGE) por medio de una reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
La propuesta de Ingram Vallines contempla la adición del Artículo 18 Bis, el cual estipula la creación del Registro de Personas Agresoras Sexuales, además del artículo 19 Bis, fracciones X, XI y el 19 ter, fracciones IX y X.
Estos numerales contemplan entre otros el hecho de suministrar información a la Fiscalía General respecto de las personas sentenciadas por delitos Contra de Libertad y la Seguridad Sexual para ser incorporada al Registro de Personas Agresoras Sexuales.
El registro además tendrá un carácter no público, relativo a la identidad, penas y medidas de seguridad impuestas a aquellas personas condenadas en sentencia firme emitida por un juez penal, por delito cometido contra la libertad o la seguridad sexuales.
A la vez tendrá la finalidad facilitar la investigación y persecución de los delitos para proteger a las víctimas mujeres, niñas, niños y adolescentes de la delincuencia sexual.
El registro de las personas será por un periodo igual al que dure su condena y en ningún caso podrá ser superior y será determinada por el juez competente, y se cancelará cuando concluya el término establecido o cuando así lo ordene la autoridad jurisdiccional que corresponda.
Este registro exhibirá la fotografía reciente del agresor, nombre, edad, sobrenombre, nacionalidad, señas particulares, zona donde ocurrió el delito, modus operandi, perfil genético y órgano judicial sentenciador.
Sin embargo, a este registro sólo tendrán acceso el personal judicial facultado, las Fiscalías Especializadas o Coordinadoras, personal de Seguridad Pública, personal de la Procuraduría de Defensa de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y autoridades electorales.