Poder Judicial, y altos funcionarios de Veracruz, libraron recortes a salarios de la 4T

La Ley de Austeridad del Gobierno del Estado, aprobada a finales de 2018, sigue sin aplicarse oficialmente en los salarios de altos funcionarios y sólo se han aplicado economías de entes públicos y organismos autónomos de forma voluntaria.

Por esta razón, algunos funcionarios de la entidad continúan ganando más que el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, quien percibe 75 mil 971 pesos quincenalmente.



Uno de los apartados principales de la Ley es que los funcionarios perciban menos salario que el Ejecutivo, sin embargo, ni en 2019 ni en 2020 se aplicó dicha reducción y podría ocurrir lo mismo en el próximo ejercicio de 2021.

Ante autoridades jurisdiccionales federales, el Gobierno de Veracruz confirmó que no ha entrado en vigor la reducción de sueldo. Por esta razón, altos funcionarios de poderes autónomos como el Poder Judicial no han podido ampararse contra la Ley de Austeridad, al no estar vigente.

Es el caso de la magistrada Patricia Montelongo Guerrero, quien tramitó un amparo contra la Ley número 11 de Austeridad para el Estado de Veracruz, mismo que fue sobreseído por un Juez federal.



La autoridad jurisdiccional determinó que sólo hasta que se adopten ciertas disposiciones, se realice el ajuste al Presupuesto de Egresos, se determine la forma en que se aplicarán, a qué partidas se afectará, e incluso, cómo es que, en su caso, se reducirá el sueldo y prestaciones de las que goza, o el acatamiento de las medidas presupuestales respectivas le “repercutirán” en sus precepciones, es que podrá conferírsele el derecho de instar esta vía constitucional.

Cabe recordar que se busca que las entidades y órganos de los Poderes del Estado de Veracruz, entre otros, reduzcan las remuneraciones que perciban los servidores públicos, ajustándolos a lo dispuesto en los 6 artículos 127 de la Constitución Federal, 7 33, fracción XXVIII y 82 de la Constitución Política para el Estado de Veracruz.

“Ello, en sentido que ningún servidor público de la administración pública estatal podrá recibir remuneración mayor a la del Gobernador del Estado”, dijo.



No obstante, la Ley de Austeridad no ha sido aplicada, ni existe acto de ejecución que pudiera afectar las percepciones que la Magistrada quejosa recibe por su encargo, ni tampoco los derechos que tiene como adquiridos, que le confieran el interés para combatir esas disposiciones y supuesto acto de aplicación, a través del juicio constitucional.

En 2019, el secretario de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco, declaró que con la Ley de Austeridad se ahorraron 300 millones de pesos. Para este 2020, afirmó que la Austeridad permitió una ampliación presupuestaria al Sector Salud de 500 millones de pesos para la pandemia.