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Sección: Estado de Veracruz

Policías de Orizaba mataron a profesionistas por confusión, habrían alterado escena

- Derechos Humanos acreditó abusos en caso del homicidio de los hermanos Román y Ernesto, en 2018

- Ayuntamiento incumplió investigación interna; ahora debe reparar daño

- Policías fueron vinculados a proceso pero siguen sin declarar

Ángel Camarillo Xalapa, Ver. 15/10/2020

alcalorpolitico.com

Por medio de la recomendación 152/20, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) acreditó la violación del derecho a la vida en contra de los hermanos Román y Ernesto Pérez, docente de 31 años y odontólogo de 33 años de edad, respectivamente, presuntamente ejecutados por la Policía Municipal de Orizaba en noviembre de 2018

En la resolución, emitida el pasado 9 de septiembre de 2020, la CEDH igual determinó que el Ayuntamiento de Orizaba no inició una investigación interna derivada de los hechos y por lo tanto violó el derecho a la seguridad jurídica de las víctimas.

Sin embargo, la recomendación de Derechos Humanos advierte de la probable alteración de la escena del crimen y una posible equivocación de los gendarmes municipales al momento de atacar a Román, posiblemente confundido con un delincuente esa madrugada en Orizaba.



Los hechos documentados por Derechos Humanos ocurrieron el primero de noviembre de 2018, a las 5 de la madrugada, cuando efectivos de la Policía Municipal abrieron fuego contra los dos profesionistas afuera de su domicilio en colonia Electricistas de Orizaba.

Casi un año después, Derechos Humanos determinó que la Policía Municipal disparó de manera injustificada contra los hermanos Román y Ernesto y de igual forma, los elementos negaron proporcionar auxilio a la madre de las víctimas, quien pidió una ambulancia para socorrer a sus hijos.

“La autoridad no probó que la persecución y el uso de la fuerza letal contra las víctimas estuviera justificado”, determinó la CEDH.



Además, la defensoría alerta que aunque los policías municipales de Orizaba, Abraham "N", Jesús "N", Jaime "N", Álvaro "N", Marco Antonio "N" y Pedro "N” fueron vinculados a proceso por el delito de homicidio doloso, hasta el momento no han declarado en torno a los hechos.

La carpeta de investigación refiere además que los involucrados dieron positivos para plomo y bario en ambas manos, es decir, sí detonaron armas de fuego contra Román y Ernesto.

El dictamen determinó a la vez que uno de los proyectiles localizados en el cuerpo de uno de los hermanos (Román) correspondía a un arma de fuego bajo resguardo de uno de los agentes; sin embargo, la CEDH advierte que en el caso de los proyectiles retirados de Ernesto "no fue posible contar con la información suficiente para determinar la marca, calibre y tipo de arma que realizó tal disparo".



A la vez, la recomendación de Derechos Humanos observa que en ningún caso se reportó un policía herido, a pesar que tras el tiroteo uno de los agentes le dijo a los padres de las dos víctimas que sí había un oficial lesionado.

"No era, güey"

Además, a partir de un video de los hechos, la Comisión narra que personas vestidas con uniforme y en voz alta, expresan: "no era, güey", durante la refriega en la colonia Electricistas.



"En la grabación se observan diversas personas con uniformes de policía que pasan corriendo sobre la calle y hablando en voz alta, lográndose escuchar que uno de ellos pronuncia la frase 'no era, güey'. Se pueden identificar las luces características de las patrullas de policía, sonidos de sirenas y alarmas de autos, así como diversas detonaciones de armas de fuego", indica textualmente la recomendación.

La CEDH sostiene que en definitiva, no ha sido probado que los hermanos hubieran incurrido en alguna conducta que ameritara el uso de la fuerza en su contra ni que en ese momento alguno de ellos hubiese portado o utilizado un arma de fuego para agredir a los policías municipales.

Derechos Humanos incluye en la recomendación de la probable alteración de la escena del crimen de Román y Ernesto; y en donde sus cuerpos habían sido movidos y se les "sembró" un arma de fuego; esto igual lo notificó Servicios Periciales en su informe con fecha 2 de noviembre de ese año.



Omisión del municipio

Derechos Humanos alerta en su recomendación que el Ayuntamiento de Orizaba no informó sobre la implementación de algún procedimiento de responsabilidad administrativa para el esclarecimiento de los hechos que involucraron a servidores públicos municipales en la muerte de Román y Ernesto.

En el pliego de la recomendación 152/2020, Derechos Humanos solicitó al Ayuntamiento de Orizaba pagar una compensación a los padres de Ernesto y Román, la cual deberá contemplar: la reparación del daño moral; el daño emergente; y el lucro cesante ocasionado a las víctimas.



También recomienda realizar un reconocimiento público de responsabilidad con motivo de los hechos en los que elementos de la Policía Municipal privaron de la vida injustificadamente a Ernesto y Román, al mismo tiempo deberán ofrecer una disculpa pública a sus seres queridos.