Política Anticorrupción de Veracruz se basará en estudios, censos y encuestas

La Política Estatal Anticorrupción que habrá de someterse a votación al concluir la emergencia sanitaria a causa del COVID-19, contiene 287 propuestas para combatir la corrupción en Veracruz, 60 prioridades a atender, 4 principios transversales y 4 ejes estratégicos y su marco normativo está sustentado en 27 instrumentos jurídicos.

La propuesta es el resultado de 41 estudios académicos, 9 censos nacionales, 7 encuestas de ámbito nacional y local, 4 Foros Regionales y la Cuenta Pública del Gobierno del Estado de años anteriores y 4 foros regionales.

De aprobarse la referida política, Veracruz estará dentro de los primeros Estados del país país en tener un marco legal y jurídico que permita combatir con mayor precisión la corrupción.



El Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) considera que se trata de un momento histórico en la vida política y pública de la entidad, al ser la primera ocasión en que se presentará un documento que pretende combatir y reconocer la corrupción como un fenómeno sistémico que afecta al orden social.

Al incluir el combate a la corrupción en la política pública, permitirá prevenir y enfrentar con mayor eficacia los actos de corrupción, protegiendo y respetando los derechos humanos.

El CPC advirtió que de poco sirven esfuerzos aislados, unos cuantos programas, buenos deseos y discursos, si no se sigue un plan para atacar de manera sistemática el pernicioso fenómeno de la corrupción.



La propuesta de Política Estatal Anticorrupción será puesta a consideración del Comité Coordinador del SEA, que está integrado por el CPC, el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, Órgano de Fiscalización Superior, Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Veracruz, Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Contraloría General del Estado y Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.