Políticos que se drogan tienen vínculos con el narcotráfico: Diputado Cárdenas Guízar

En el marco de la discusión de las leyes secundarias de la reforma política, el diputado federal panista, Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, propuso hacer obligatorio el requisito de la prueba de antidoping para candidatos de cargos de elección popular.

Esta propuesta que modificaría los artículos 55, 82, 91 y 95 de la Constitución Política, incluye al Presidente de la República, legisladores, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Secretarios de despacho.

El integrante de la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo, explicó que su propuesta es porque en ocasiones, “al ser estos candidatos adictos a las drogas, llegan a tener vínculos con la delincuencia organizada que los provee de estas sustancias, y ésta aprovecha y utiliza la corrupción en este sector como instrumento para transgredir a las instituciones y quebrantar el Estado de Derecho”.



En este sentido, expresó que no deben tener cargos en los que el futuro del país recaiga, “que no cuenten con las aptitudes necesarias para asumir el cargo que ocupan, sobre todo cuando padezcan una adicción que les imposibilite cumplir con esa responsabilidad”.

Argumentó que la implantación de estas medidas como requisito obligatorio, contribuiría a dar mayor certeza sobre quienes ocupen estos cargos de elección popular, para que atiendan su compromiso con la población y no los intereses de grupos delictivos.

“La infiltración de la delincuencia organizada en los sectores públicos se produce cuando logra participar en precampañas o en campañas políticas financiando o apoyando a través de los medios de comunicación o comprando votos y corrompiendo los procesos electorales democráticos”, manifestó.



El crimen organizado también logra influir coaccionando, mediante sobornos, amenazas o chantajes a los políticos para obtener su apoyo gracias a los lazos familiares de éstos o a la existencia de “deudas” con algunos miembros delincuenciales, añadió.

Puntualizó que la infiltración a este nivel puede llegar a tal grado que la delincuencia organizada controle al Estado en sus decisiones más importantes, lo que equivale a comprar sus políticas públicas.