Gregorio “N”, exalcalde de Tihuatlán, fue vinculado a proceso por el delito de despojo, luego de una audiencia realizada en el penal de Pacho Viejo, pese a que la defensa sostiene que los hechos imputados ya se encontraban prescritos y que la Fiscalía aplicó disposiciones legales de manera retroactiva.
La vinculación se resolvió después de que el exedil estuviera a punto de abandonar el centro penitenciario, tras una determinación judicial que le autorizaba regresar a resguardo domiciliario.
Sin embargo, mientras se realizaban los preparativos para su egreso, se ejecutó una nueva orden de aprehensión por el delito de despojo, lo que derivó en la apertura de un nuevo proceso penal en su contra.
El abogado defensor, Luis Enrique González Lira, explicó que la imputación corresponde a hechos que presuntamente ocurrieron en agosto de 2020 y que de acuerdo con su interpretación jurídica ya no podían ser perseguidos penalmente.
“Le imputaron el delito de despojo con descripciones legales o delitos que no existían al momento de que se cometió la supuesta conducta delictiva y le impusieron prisión preventiva oficiosa durante un año”, señaló al término de la audiencia.
De acuerdo con la defensa, el señalamiento se refiere a un inmueble que Gregorio “N” no conoce ni ha ocupado.
“El presunto delito de despojo que versa sobre un bien inmueble que el señor Gregorio “N” nunca en su vida ha pisado”, afirmó González Lira, quien añadió que se trata de un ilícito que no es considerado grave en su tipificación original.
El litigante sostuvo que la Fiscalía buscó encuadrar el caso en una hipótesis que permitiera la imposición de prisión preventiva oficiosa, al incorporar en el relato de hechos el supuesto uso de armas de fuego.
“La Fiscalía, para poder encuadrar dentro de una hipótesis constitucional de supuesta prisión preventiva oficiosa, indicó en su relato que el señor Gregorio junto con otras personas llegaron al domicilio con supuestas armas largas”, expuso.
Según la defensa, aun si los hechos hubieran ocurrido, la acción penal ya no podía ejercerse por el transcurso del tiempo.
“Estos hechos ya están prescritos, es decir, aun y cuando no sucedieron, de todas formas no podía ejercitarse acción penal porque la media aritmética de este delito son 4.5 años y para la fecha en la que nos encontramos, ese tiempo ya ha sido superado”, explicó el abogado.
Además, González Lira indicó que durante la imputación se utilizaron descripciones legales que no estaban vigentes en la fecha señalada por la Fiscalía.
“Se le imputaron descripciones legales que no existían en el momento del supuesto hecho, es decir, agosto del 2020, sino que fueron adicionadas o reformadas con posterioridad hasta el año 2021”, afirmó.
Pese a los planteamientos de la defensa, el Juez resolvió imponer la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por un año. “Se hizo el debate de la medida cautelar y el Juez impuso prisión preventiva oficiosa durante un año”, relató el abogado defensor.
Aprehensión
González Lira también señaló que la orden de aprehensión por despojo fue emitida el mismo día de la audiencia en la que se le concedió la restitución del resguardo domiciliario, lo que, a su juicio, tuvo como finalidad impedir la salida de su cliente del penal a como diera lugar.
“Mientras estábamos en audiencia debatiendo por qué el señor Gregorio “N” debía dejar la prisión y regresar a su casa, en otra ponencia del Juzgado de Pacho Viejo se estaba preparando la orden de aprehensión que se giraría tan sólo unos minutos después”, declaró.
El defensor sostuvo que la nueva orden se ejecutó de manera inmediata, cuando el exalcalde estaba a punto de salir de prisión en el proceso que se le sigue por su presunta participación en el delito de homicidio doloso calificado del excandidato suplente a la alcaldía de Tihuatlán, Nicanor Martínez.