Por fraude y despojo, detuvieron por unas horas a Alfredo Garza Castillo, en Cerro Azul

El presidente del Consejo de Administración de la Sociedad Cooperativa de Consumo de Trabajadores de la Sección 13 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), Alfredo Garza Castillo, fue detenido este miércoles y liberado horas después.

Esto, debido a es acusado de los delitos de fraude y daño en propiedad ajena en perjuicio de la misma Sociedad Cooperativa de la Sección 13 del STPRM. El arresto generó controversia entre los socios, mientras que su defensa legal advirtió presuntas irregularidades en el procedimiento que culminó con la aprehensión. El operativo tuvo lugar la mañana del miércoles en el centro de Cerro Azul, donde participaron elementos del Ejército Mexicano, la Policía Estatal y la Policía Ministerial.

De acuerdo con la versión del propio Garza Castillo, los agentes ministeriales que lo detuvieron no presentaron orden de aprehensión ni identificación oficial, lo cual, afirma, contraviene los artículos 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que garantizan la legalidad de los actos de autoridad y el respeto al debido proceso.



El dirigente cooperativista relató que fue interceptado al salir de su oficina y obligado a subir a una patrulla junto con su secretaria, sin mediar notificación judicial. De forma paralela, se realizaron cateos en locales comerciales cercanos a la zona conocida como la “Ex Fábrica De Hielo”, donde fueron detenidas otras dos personas.

Los implicados fueron trasladados al Juzgado Sexto de Primera Instancia de Tuxpan, donde se les informó que figuraban como indiciados en la carpeta de investigación 537/2024 y el cuaderno de audiencias 156/2025, emitidos bajo el oficio 1430/2025. Sin embargo, los detenidos aseguran que nunca fueron notificados ni citados previamente, lo que, según su defensa, representa una violación a los principios de notificación oportuna y derecho de audiencia establecidos en el artículo 20 constitucional y en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Pleito legal



El conflicto que dio origen al proceso judicial tiene antecedentes en una disputa interna por la posesión de un inmueble propiedad de la cooperativa. De acuerdo con Garza Castillo, 95 por ciento de los socios aprobó la recuperación del bien mediante un acta notarial, luego de que un grupo minoritario presuntamente se apoderara de la planta de hielo y los locales comerciales adyacentes. A partir de esa decisión, el Consejo de Administración dispuso que las rentas de los locales fueran administradas por la tesorería de la cooperativa, lo que habría generado inconformidad y derivado en una denuncia penal por fraude y despojo, presentada por Jesús David Alejandre Hernández.

Después de permanecer cuatro horas detenido, Garza Castillo y dos de los implicados, incluida la secretaria, recuperaron su libertad. Fue en ese momento cuando, según su declaración, se les entregaron copias del citatorio y de la orden de aprehensión, documentos que no habrían sido mostrados al momento del operativo.

La defensa señaló que, si se comprueban las omisiones denunciadas, podrían configurarse delitos como abuso de autoridad y ejercicio indebido del servicio público, contemplados en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal. Además, se podrían fincar responsabilidades administrativas a los servidores públicos involucrados conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. En respuesta, este jueves más de 300 socios de la cooperativa expresaron su respaldo al Presidente y anunciaron que promoverán denuncias ante instancias estatales y federales por la posible vulneración de sus derechos colectivos y por la ejecución arbitraria de mandamientos judiciales.