Personal médico, paramédico y administrativo de la Jurisdicción Sanitaria VII con sede en Orizaba denunció que el capricho de una funcionaria ha generado condiciones laborales precarias, afectando tanto al personal como al servicio que se brinda a la población.
De acuerdo con los trabajadores, el conflicto se arrastra desde octubre de 2025, cuando integrantes del sindicato realizaron un paro de labores —sin afectar la atención a los usuarios— para denunciar actos de prepotencia, amenazas y violaciones a las Condiciones Generales de Trabajo por parte de autoridades regionales del sector salud.
Indicaron que dichas prácticas no solo continuaron, sino que se agravaron este 12 de febrero de 2026, cuando de manera verbal se ordenó el desalojo del personal que ocupaba un espacio conocido como Clínica Vida, con una superficie aproximada de 90 metros cuadrados, para ser reubicados en un área de apenas 18 metros cuadrados dentro del edificio de la Jurisdicción.
Los trabajadores señalaron que el nuevo espacio carece de ventilación adecuada, presenta altos niveles de humedad y no cumple con las condiciones mínimas de seguridad e higiene, lo que contraviene lo establecido en la normatividad laboral y pone en riesgo la salud del personal.
Denunciaron que esta decisión se tomó para habilitar oficinas a la Coordinación Regional de IMSS-Bienestar, a pesar de que dicha funcionaria ya cuenta con espacios asignados en el Hospital de Salud Mental de Orizaba, por lo que consideraron innecesario y abusivo el desplazamiento del personal.
Finalmente, los afectados exigieron la intervención de las autoridades estatales de salud y de los órganos de control, para que se revisen estas decisiones, se restablezcan condiciones laborales dignas y se garantice un trato respetuoso conforme a la ley y a los derechos de los trabajadores.