Preocupante, la criminalización en Veracruz de las mujeres que abortan: CDD

El Estado debe garantizar que los Centros de Salud brinden servicios de Interrupción Legal del Embarazo a mujeres y niñas que los soliciten, sentenció la organización Católicas por el Derecho a Decidir.

Lanzaron un mensaje al gobernador Cuitláhuac García Jiménez que “hoy tiene la oportunidad de demostrar su compromiso con los derechos y la salud reproductiva de las mujeres”, sentenciaron.

Hicieron también un exhorto al Gobierno de Veracruz a convocar a mesas de trabajo y diálogo con las organizaciones peticionarias para dar cumplimiento cabal a las recomendaciones establecidas en la Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado.



En el marco del 28 de septiembre, Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y El Caribe, denunciaron que el Gobierno de Veracruz no ha presentado avances en el cumplimiento de dichas recomendaciones.

Lamentaron la omisión a pesar de que en junio de este año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el caso por el incumplimiento.

Para las activistas resulta preocupante que desde entonces la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) haya sesionado únicamente dos veces y en ninguna de estas ocasiones convocó a las organizaciones peticionarias.



Y es que el contexto de violencia sexual y la criminalización de las mujeres que abortan en Veracruz es preocupante, señalaron.


De acuerdo con estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero de 2018 a agosto de 2019 se registraron 309 casos de abuso sexual y 375 denuncias por violación, mientras que 35 mujeres fueron denunciadas por aborto, convirtiéndose en el tercer Estado con la cifra más alta de mujeres criminalizadas por abortar.



En México, la criminalización, la persecución y el encarcelamiento de mujeres que interrumpen un embarazo, evidencian la discriminación y la falta de garantías para el ejercicio de las libertades individuales y de los derechos civiles.

Desafortunadamente, la condena de la jerarquía de la Iglesia Católica y los grupos conservadores hacia las mujeres que han interrumpido un embarazo ha contribuido a un ambiente de juicio, rechazo y discriminación hacia ellas. Esta condena desconoce que en la misma Iglesia existen posturas más misericordiosas sobre el aborto, inclusive el Derecho Canónico, ley interna de la Iglesia Católica, no condena el aborto en algunas circunstancias.

El derecho a un aborto legal y seguro es un derecho que se debe garantizar en todas las entidades federativas del país. Los Estados democráticos deben asumir, hoy más que nunca, la responsabilidad que tienen de gobernar para una sociedad diversa y plural.



Al ser México un Estado laico, las autoridades estatales no se deben dejar influenciar por las presiones ejercidas desde la jerarquía de la Iglesia Católica o de otros líderes y grupos religiosos que se oponen a la progresividad de los derechos humanos de mujeres y niñas.

A la ciudadanía también le pidieron que exija al Gobierno del Estado a cumplir con su obligación de proteger la salud reproductiva de mujeres y niñas veracruzanas

El Estado de Veracruz sigue en deuda con las mujeres y niñas. La garantía de sus derechos no puede seguir postergándose, por lo que si continúa esta situación, las organizaciones peticionarias de la AVG seguiran buscando los recursos legales para que las autoridades cumplan con las recomendaciones.