Presenta Julen iniciativa de reforma a la Ley de Fiscalización Superior

El diputado y coordinador del grupo legislativo del PAN en el Congreso del Estado, Julen Rementería del Puerto, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Fiscalización Superior, para que el auditor general del ORFIS (Órgano de Fiscalización Superior), dentro de los tres años posteriores a la conclusión del encargo, no pueda ocupar o desempeñar empleos, cargos o comisiones en alguno de los Poderes Públicos del Estado.

Y al momento de su designación no deberán existir conflictos de intereses y deberá tener independencia de juicio, de opinión y actuación profesional; no debiendo existir relación profesional, laboral o de negocios con despachos externos, prestadores de servicios, proveedores, concesionarios o contratistas de la administración pública del Estado.

Lo anterior aplicará para el cónyuge y parientes de consanguinidad o civil en línea directa o afinidad hasta el segundo grado o en línea colateral hasta el tercer grado.

Otro de los nuevos requisitos para el nombramiento del titular del ORFIS es que no haya sido titular encargado de la Unidad Interna de Control de alguno de los entes fiscalizables del Poder Público del Estado; ni Senador, Diputado Federal o Local ni secretario de Fiscalización del Congreso del Estado.

El auditor del ORFIS será nombrado para un periodo de siete años podrá ser reelegido en el cargo hasta una sola vez.

La presente iniciativa tiene por objeto, evitar los conflictos de intereses y la falta de independencia en la designación del Titular del Órgano de Fiscalización del Estado de Veracruz.



Buscamos prevenir el uso de información privilegiada; el conflicto de intereses y que un servidor público se convierta en juez y parte de su propia gestión”, afirmó.

El diputado dijo que su propuesta es sólo un mecanismo que nos permitirá avanzar en la cultura de la transparencia, la rendición de cuentas y fiscalización de recursos públicos.

Recordó que entre las causas que originan la corrupción se encuentra la falta de estabilidad laboral de los servidores públicos, el bajo riesgo que se corre y la impunidad para quienes inciden en prácticas corruptas; los altos incentivos al soborno; la discrecionalidad de los servidores públicos y exceso de burocracia y tramitología.



“Por ello, resulta fundamental impulsar prácticas gubernamentales basadas en los valores éticos y morales, tendientes a prevenir contra las prácticas corruptas”.