Presentan en Congreso iniciativa de un nuevo Código de Procedimientos Penales

El diputado local y presidente del Congreso del Estado, Eduardo Andrade Sánchez, presentó la iniciativa de un nuevo Código de Procedimientos Penales, con el cual pretende resolver de manera justa y equitativa los conflictos que necesariamente surgen entre los derechos del imputado, los derechos de la víctima u ofendido y los intereses de la sociedad.

Durante la sesión de la Diputación Permanente, leyó la exposición de motivos en donde destacó que por decreto publicado en el Diario Oficial de 18 de junio de 2008, se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política del país.

Como resultado de esa reforma surge un procedimiento penal con muchas características novedosas; y refiriéndose a una sola de ellas: los juicios orales.

La reforma constitucional impone la reforma de los Códigos de Procedimientos Penales que deben reglamentarla y, de hecho, sólo entrará en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente.

Ello debe ocurrir dentro de un plazo de ocho años, contado a partir del día siguiente de la publicación del Decreto.

“El Congreso de Veracruz, en el cumplimiento de su responsabilidad de emitir un nuevo código de procedimientos penales, desea ser oportuno; pero no apresurado".

Ha estudiado cuidadosamente la reforma constitucional y, escuchando a expertos en la materia, ha estudiado numerosos textos normativos, como lo son el Proyecto Modelo de Código de Procedimientos Penales para las Entidades Federativas de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, los nuevos ordenamientos procesales ya en vigor en algunos estados de la República, el proyecto español de nueva ley de enjuiciamiento criminal, y el código modelo iberoamericano”.

Ha llegado el momento de que Veracruz elabore su nueva legislación procesal penal. Procedo a señalar algunos de los lineamientos que sigue esta iniciativa.

“El criterio fundamental es el de apegar el código a la Constitución que reglamenta. No ir nunca en contra de la Constitución. No ir más allá de la Constitución. Observar estrictamente los principios que la Constitución establece".

Así, y por mencionar un ejemplo: el ejercicio de la acción penal corresponde al Ministerio Público; pero la imposición de las penas, su modificación y duración, son propias y exclusivas de la autoridad judicial”.

Luego entonces la individualización de la pena debe continuar siendo, como lo ha sido hasta ahora, función judicial y nunca y en ningún caso dejada en manos del Ministerio Público. Más adelante habremos de mencionar otros ejemplos en los cuales el puntual seguimiento de la norma constitucional impone la solución procesal propuesta.

Esta iniciativa aplica los principios generales que consagra la Constitución: juicio previo y debido proceso, juez natural, imparcialidad judicial, publicidad, contradicción, concentración, continuidad, inmediación, igualdad ante la ley, presunción de inocencia, carga de la prueba, fundamentación y motivación, básicamente.

Esta iniciativa resuelve de manera justa y equitativa los conflictos que necesariamente surgen entre los derechos del imputado, los derechos de la víctima u ofendido y los intereses de la sociedad.

El juicio oral se pone en manos de un juez único, y no de un tribunal colegiado, por razones presupuestales y de eficacia.

Confiar la administración de justicia a un órgano colegiado representaría una carga económica gravosa para las finanzas del Estado; el juez único permitirá al Poder Judicial ocuparse, con el mismo personal, de un mayor número de casos.

Esa es, precisamente, la finalidad de la iniciativa: que el juicio oral sea la norma, no la excepción. Que no sea un fenómeno de museo, sino la regla que extiende sus bondades a un gran número de casos.