Antes de determinar el cierre de los 29 juzgados en Veracruz, el Poder Judicial debió implementar otras medidas de reducción de gastos y no afectar la cercanía y acceso a la justicia, consideró el abogado penalista, Celestino Espinoza Rivera.
Lamentó que se deje sin empleo a familias veracruzanas por el argumento de disminución de gastos cuando es un tema que debió anticiparse desde la conformación del presupuesto para el 2021.
Espinoza Rivera cuestionó la aplicación del presupuesto en el Poder Judicial del Estado.
"Esto impacta en muchísimas familias. Hay otras formas de tratar de reducir costos; pero eso se debió haber previsto desde enero. Si existe un presupuesto asignado, (este) tiene que alcanzar para los 12 meses del año. Para eso se programa desde el año anterior, que se lo hayan gastado antes, ¿en qué se lo gastaron? Esa es la pregunta. Justificar que es por el crecimiento del aparato gubernamental no lo veo congruente", consideró.
Insistió en que la intención de la Presidenta del Poder Judicial del Estado de reducir salarios debe ser respaldada por el Consejo de la Judicatura, "la Presidenta tiene como atribución representar al Poder Judicial pero no toma decisiones autónomas".
El abogado penalista recordó que la extinción de los 29 juzgados afectará a los justiciables de las zonas más alejadas del Estado, pues ahora deben trasladarse por horas para tener acceso a la justicia.
Las zonas norte y sur son de las más afectadas por las distancias a las cuales fueron trasladados sus asuntos.
"El microrregional del Uxpanapa, la cabecera regional, está en Coatzacoalcos. La distancia entre la Chinantla y Coatzacoalcos es inmensa. El microrregional de Zongolica, Álamo, todos eran con la intención de que los justiciables tuvieran acceso a la justicia de manera cercana", finalizó.