Propone diputado mayores sanciones a servidores que acepten cargos sin cumplir con requisitos

El diputado local Edgar Hugo Fernández Bernal presentó una iniciativa para incrementar las sanciones a servidores públicos que acepten un cargo sin cumplir con los requisitos de ley, así como para quien lo proponga.

Mediante una reforma a los artículos 135 y 136 del Código Penal de Veracruz, propone imponer una sanción no sólo para quien acepta un cargo para el que no cumple con los requisitos de ley, sino sancionar también, a quien a sabiendas de esta irregularidad lo propone.

El legislador del PAN propone que a quien proponga o nombre y a quien acepte el cargo a sabiendas que no lo puede hacer, se le impondrán de uno a seis años de prisión y multa de cien hasta trescientos días de salario; y se impondrán las mismas sanciones a la servidora pública o al servidor público que, sin presentar renuncia o sin causa justificada, con perjuicio del servicio, abandone el empleo.



Difícilmente quien no cumpla con los requisitos de ley se negará a tomar posesión de un cargo público –pensando erróneamente o con dolo, que ello no tendrá ninguna consecuencia-, pero al establecer una sanción para quien lo propone o designa, lo pensará dos veces antes de pretender defraudar la Ley.

Los requisitos que la ley establece para el ejercicio de determinados cargos no son ocurrencias u obra de la casualidad, los requisitos, se imponen para garantizar una determinada conducta del servidor público, ya sea independencia, imparcialidad, objetividad, calificación técnica u otra.

Igual ocurre con los requisitos para ocupar diversos cargos dentro de la administración pública del Estado y principalmente para el nombramiento de titulares de organismos autónomos, donde al Ejecutivo le corresponde proponer y a este Congreso le corresponde aprobar, y de aprobarse esta propuesta, desde entonces en adelante, no se podrán dejar de observar y respetar los requisitos de elegibilidad que para cada cargo se requieren, so pena de prisión por atentar contra los intereses públicos fundamentales.



El alcance y fin de los requisitos señalados en una norma jurídica, deben ser plenamente comprendidos tanto por quien aspire a acceder a un cargo público como para quien tiene la no menos importante responsabilidad de proponerlo.

La responsabilidad es mayor cuando el nombramiento implica únicamente una designación, puesto que la ley no prevé una instancia revisora de los mismos, salvo el escrutinio público, y que al final, estamos apelando como sociedad, a la buena fe del servidor público que designa y eso no puede quedar al antojo o autoritarismo de éste.



Adicionalmente, la iniciativa propone incrementar la sanción que se imponga al servidor o servidora pública que cometa el delito de ejercicio indebido del servicio público, para establecer un rango de cien a trescientos días de salario mínimo; lo anterior como una medida inhibitoria de esta conducta.

Finalmente, para ser congruentes con el uso del lenguaje incluyente, se propone en el artículo 316 relativo al abandono de empleo, cargo o comisión las mismas sanciones para servidoras y servidores públicos.

La naturaleza de la función pública implica o debe implicar, un gran compromiso con la sociedad, con la comunidad, con los gobernados puesto que cada una de las decisiones que toma el servidor público tienen una impacto en los ciudadanos, por ello la responsabilidad es un principio que debe regir todas y cada una de las actuaciones de éstos.