Propone Héctor Yunes remover a jueces y fiscales que cometan detenciones ilegales

El diputado Héctor Yunes Landa presentó ante el Congreso de Veracruz una iniciativa para solicitar al Congreso de la Unión una reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales, con el fin de separar del cargo a jueces y fiscales que soliciten u ordenen detenciones sin base legal, constitucional o probatoria.

La propuesta plantea adicionar párrafos al artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, relativo al principio de presunción de inocencia, para establecer consecuencias administrativas y penales contra autoridades que intervengan en órdenes de aprehensión, prisión preventiva u otras medidas privativas de libertad cuando no se cumplan los requisitos legales.

De acuerdo con la iniciativa, la sanción aplicaría cuando una persona imputada sea privada de su libertad sin que se cumplan las formalidades del proceso, sin datos suficientes sobre la existencia de un delito o la probable participación del imputado, cuando los hechos carezcan de apariencia delictiva o cuando el hecho denunciado no sea sancionado con pena privativa de libertad. “Los jueces y ministerios públicos que intervengan, ordenen o soliciten dichos actos, serán de manera inmediata separados de sus cargos y sujetos a los procedimientos administrativos y penales a que hubiere lugar”, señala el texto propuesto.

En la exposición de motivos, el legislador argumentó que la seguridad pública y la investigación de delitos son funciones del Estado, pero deben ejercerse con respeto a los derechos de presunción de inocencia, libertad, seguridad jurídica y debido proceso. “En un Estado democrático el gobierno no debe usar como arma la facultad punitiva del Estado para perseguir inocentes y atropellar los derechos fundamentales de los ciudadanos”, expuso en la iniciativa.

El planteamiento parte del artículo 16 constitucional, que establece que no puede librarse una orden de aprehensión sin denuncia o querella por un hecho señalado como delito, sancionado con pena privativa de libertad, y sin datos que establezcan que el hecho ocurrió y que existe probabilidad de que el indiciado participó en su comisión.

Yunes Landa acusó que, pese a esos requisitos, en la práctica se han emitido órdenes de aprehensión sin sustento suficiente, por lo que planteó incorporar una consecuencia directa para fiscales y juzgadores. “En los hechos fiscales y jueces se coluden para que se emitan órdenes de aprehensión sin la más mínima base legal y constitucional que las sustente”, indica la iniciativa.

El legislador afirmó que esa práctica afecta la libertad, el debido proceso y la seguridad jurídica de las personas, además de la confianza ciudadana en las instituciones. “Esta práctica que se ha vuelto permanente, institucionalizada y sistematizada no sólo violenta los derechos de libertad, debido proceso y seguridad jurídica de los gobernados; también afecta el principio de confianza legítima del ciudadano frente a las autoridades”, expuso.

La reforma propuesta mantendría el texto vigente del artículo 13, que establece que toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal en todas las etapas del procedimiento hasta que exista sentencia emitida por un órgano jurisdiccional.