Proponen diputados cárcel para quien agreda física o verbalmente a personal médico

El segundo periodo de sesiones ordinarias correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional de la 65 Legislatura de Veracruz, inició este sábado a puerta cerrada y con un rechazo a las agresiones físicas y verbales en contra del personal médico del país que lucha en estos momentos en contra de la pandemia por el COVID-19, por lo que los legisladores presentaron 3 iniciativas de reforma al Código Penal para castigar con cárcel a quienes incurran en esas prácticas lamentables.

Ante las medidas sanitarias, los legisladores guardaron la sana distancia entre las curules y ocuparon las butacas del salón de plenos para que no hubiera acercamiento físico entre ellos y la mayoría utilizó cubrebocas.

Durante la sesión plenaria, la diputada Elizabeth Cervantes de la Cruz, del grupo legislativo de MORENA, propone prisión de 5 a 10 años y multa de 173 mil 760 pesos (2 mil UMAS) a quien, durante el periodo que comprenda la declaratoria de una emergencia sanitaria, ejerza cualquier tipo de violencia en contra de los trabajadores de la salud perteneciente al sistema estatal de salud, ya sea dentro o fuera de la jornada laboral, o dañen sus instalaciones, sean están públicas o privadas.



Asimismo, propone que la pena de prisión se incremente en una mitad, imponer hasta 150 días de trabajo comunitario y hasta una multa de 26 mil 64 pesos (300 UMAS) en los siguientes casos:

Cuando el personal de salud, en una declaratoria de emergencia sanitaria, reciba un atentado contra su dignidad humana; cuando se le niegue algún servicio, o seas víctima de una manifestación de odio.

Mientras que la diputada local Ivonne Trujillo Ortiz presentó una iniciativa de reforma al Código Penal de Veracruz que impone una pena corporal de hasta 5 años de prisión para quien o quienes agredan, discriminen, amenacen u hostiguen al personal médico del sector salud público o privado.



En tanto que el grupo legislativo PRI/PVEM, en voz del diputado Antonio García Reyes, propuso incrementar al doble las sanciones estipuladas en el artículo 196 del Código Penal:

Actualmente, el referido artículo señala:

Se impondrán de uno a tres años de prisión, hasta cien días de trabajo a favor de la comunidad y hasta ciento cincuenta Unidades de Medida y Actualización de multa al que, por razones de edad, sexo, género, embarazo, estado civil, origen étnico o nacional, lengua, religión, ideología, modificaciones corporales, preferencia sexual, orientación sexual, identidad de género o expresión de género de la víctima, vinculación, pertenencia, o relación con un grupo social definido, color de piel, condición social o económica, trabajo, profesión, características físicas, discapacidad o condición de salud, o cualquier otra causa que atente contra la dignidad humana.



Los legisladores coincidieron en lamentar que los profesionales de la salud, al transitar por las calles luego de concluir o para iniciar su jornada laboral, sean objeto de agresiones físicas y verbales y que sufran de discriminación en el transporte público.

Añadió que pese a que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) ha llamado a la población a no estigmatizar, ni realizar acciones discriminatorias o violentas en contra del personal de salud, no ha sido suficientes para reducir el número de agresiones.